Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia
FECHA= 20.09.2007
ROL= 3112-07
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 CC; 2 CTRAB, 476 CTRAB; 1 DFL 2, Trabajo, 1967
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Concepto. Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica.
Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección,
Requisitos. Requisitos Recurso de Protección, Acto Ilegal o Arbitrario. Recurso de Protección, Multa
Dirección del Trabajo. Multa Dirección del Trabajo, Procedencia. Dirección del Trabajo, Facultades.
Dirección del Trabajo, Facultades Funcionarios. Facultades Funcionarios Dirección del Trabajo,
Multas. Dirección del Trabajo, Fiscalización. Fiscalización Dirección del Trabajo, Multas. Multa
Dirección del Trabajo, No Pago Integro Remuneraciones. No Pago Integro Remuneraciones, Efectos.
Efectos No Pago Integro Remuneraciones, Multa
EXTRACTO= Como esta Corte Suprema ha venido destacando en forma reiterada, el Recurso de
Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La
República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre
ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante
la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que
impida, amague o moleste ese ejercicio.
Como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la
existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el
artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecta a
una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de
cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
El recurrente, sostenedor del colegio, establecimiento educacional particular subvencionado, dedujo la
presente acción cautelar, contra la Inspección del Trabajo, la que mediante Resolución de Multa
Administrativa de fecha 15 de marzo último, le impuso una multa de veintiocho Unidades Tributarias
Mensuales por la supuesta infracción de haber dejado sin efecto unos pagos que habían recibido dos
funcionarias, lo que se debió, sostiene, a que entró a regir un contrato colectivo de trabajo que sustituyó
ese ítem por nuevas prestaciones remuneratorias que sí se han pagado oportunamente.
Explica el reclamante que el fiscalizador dependiente del organismo recurrido se atribuye facultades
jurisdiccionales privativas del Juzgado del Trabajo competente, como son las de interpretar y calificar
el alcance y sentido de un contrato colectivo del trabajo vigente.
El recurrido en su informe señala que, con ocasión de una denuncia interpuesta por parte de la
organización sindical constituida en la empresa reclamante, se constató la falta de pago íntegro de las
remuneraciones de dos trabajadoras respecto de los meses de diciembre del año 2006, y enero y febrero
de este año, sin que el empleador haya acreditado que el monto pagado durante el año 2006 a dichas
dependientes haya sido reemplazado por una estipulación semejante del contrato colectivo, aduciendo
sólo la existencia de aquél que se encontraba vigente y al cual estaban incorporadas las trabajadoras
involucradas en la resolución de multa.
En mérito de lo expuesto, la Inspección Provincial del Trabajo, a través de uno de sus fiscalizadores, no
ha incurrido en alguna actuación que pueda reprochársele por la presente vía, por haber actuado en
ejercicio de sus facultades específicas de fiscalización, con ocasión de considerar cometida una
infracción a la legislación laboral, en particular a los derechos remuneracionales de los trabajadores.
En virtud de lo antes razonado, se colige que el recurrido no ha invadido la competencia del Poder
Judicial, arrogándose facultades jurisdiccionales, ya que se ha limitado a ejercer sus atribuciones y
potestades privativas de naturaleza administrativa al aplicar una Resolución de Multa, la que debe
entenderse acotada a sus facultades fiscalizadoras, sin perjuicio de la eventual impugnación de la
misma en los Juzgados del Trabajo, por lo que no se ha estado en presencia de una comisión especial,
sino de la autoridad establecida por la ley para sancionar una infracción laboral que constató el