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Atendida la naturaleza del juicio en que se ejerce la acción de precario, corresponde al actor acreditar el
dominio del inmueble y la ocupación que hacen los demandados, en tanto, sobre éstos pesa la
obligación de acreditar que la ocupan por algún título distinto.
En relación a la primera de estas exigencias, el actor incorporó sendos instrumentos públicos, no
objetados, consistentes en copias de escrituras de compraventa y copia auténtica de inscripción del
Conservador de Bienes Raíces, con certificado de vigencia a su nombre, con los que acredita que es el
propietario del bien raíz cuya restitución solicita.
En cuanto a la otra exigencia que es de su cargo, esto es, la ocupación que del inmueble detentan los
demandados, el actor rindió la testimonial de un testigo, quien interrogado legalmente, declara que los
demandados ocupan el inmueble materia sub lite.
En relación a esta misma carga los demandados en sus escritos que dan cuenta de la contestación del
libelo, expresan voluntariamente que ocupan el inmueble de propiedad del actor.
Con la testimonial rendida por el actor como con las declaraciones de los demandados, éste acreditó
que los demandados ocupan el bien raíz materia de la litis.
Respecto a su obligación, los demandados sostienen que ocupan la propiedad en virtud de título
derivado de “avenimiento” suscrito entre la sociedad que señalan y parte de los “comparecientes”, a
través del cual se puso término al juicio de precario seguido en Juzgado Civil, rol individualizado, por
cuyo mérito se firmó un contrato de promesa de compraventa, entre la referida sociedad y la sociedad
que indican.
La alegación de la excepción de cosa juzgada opuesta, de ninguna manera desvirtúa el hecho de que la
tenencia del bien que ocupan, sea a un título distinto a la ignorancia o mera tolerancia del dueño puesto
que, si bien existió en la especie un avenimiento, como lo prueba el expediente rol individualizado,
precario, caratulado como se indica, de Juzgado Civil, tenido a la vista, los derechos y obligaciones
derivados de tal conciliación operan respecto de personas jurídicas distintas a las partes de este juicio.
De los autos rol individualizado de Juzgado Civil de este departamento, traídos a la vista, aparece que
con fecha 13 de junio de 1997, las partes de ese juicio, el representante de la entonces demandante, su
apoderado, el actor, y apoderado de todos los demandados, y con asistencia de los ocupantes del
inmueble sub litis pusieron término a ese proceso de precario mediante avenimiento, en que se convino
entre otras cláusulas, lo siguiente:
a) En un plazo que expiraría el 31 de agosto de mil novecientos noventa y siete, las partes debían
celebrar un contrato de promesa de compraventa respecto del inmueble materia de esa litis, para lo
cual, los apoderados debidamente facultados llevarían adelante las conversaciones tendientes a su
objetivo.
b) Si el 31 de agosto del mil novecientos noventa y siete las partes por cualquier motivo no hubieren
celebrado el contrato de promesa de compraventa, los demandados deberían desalojar el inmueble de
todo ocupante poniéndolo a disposición de la demandante, a más tardar el día 31 de diciembre del año
mil novecientos noventa y siete, plazo que para todos los efectos legales se reputaría extinguido.
c) Si los demandados hubieren desestimado celebrar el contrato de promesa de compraventa, a contar
del día 1 de septiembre de mil novecientos noventa y siete y hasta la fecha de la restitución habrían
tenido que dar a la propietaria todas las facilidades para que el inmueble hubiera sido visitado y
exhibido a terceros interesados en adquirirlo.
d) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que la demandada contrajo habría puesto
término de inmediato a ese acuerdo y facultado a la demandante para exigir en el acto la restitución
anticipada de la propiedad.
e) Dentro del plazo de diez días de vencido el plazo para la suscripción del contrato de promesa, la
parte demandada por medio de su apoderada debía entregar al tribunal una nómina en que se
individualizaría a las personas que hubieren suscrito el contrato de promesa de compraventa con la
demandante y de los que no hubieran suscrito dicha promesa, los que tendrían que desalojar el
inmueble a más tardar el 31 de diciembre de mil novecientos noventa y siete.