Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

que parece plenamente procedente el análisis relativo a la sujeción de dicha disposición o su
disconformidad con la normativa superior de nuestra carta fundamental; además que ésta no formula
distinciones entre normas sustantivas o adjetivas, por lo que todas ellas quedan comprendidas para
resolver la procedencia del recurso. En tales condiciones y conforme a lo razonado precedentemente,
cabe desestimar la alegación de improcedencia, planteada por el Consejo de Defensa del Estado.
Como el propio recurrente de inaplicabilidad ha dejado fuera de la controversia la naturaleza
jurisdiccional de la función desplegada por los Directores Regionales del Servicio de Impuestos
Internos, cabe centrar el análisis en la delegación que de tales potestades públicas hacen estos
funcionarios en personal de su dependencia, asilándose en los artículos 6, letra b), número 7, y 116 del
Código Tributario y 20 de la Ley Orgánica del Servicio y que, en el caso específico de que se trata en
autos, se concretara en la resolución exenta de 2 de noviembre de 1998, que se señala en el extracto
difundido en el diario oficial de 30 de noviembre de 1998, y donde encomienda, a los funcionarios de
su dependencia que en cada resolución se indican, las facultades que, a su vez, les permitió delegar la
resolución exenta Número 6288, divulgada en el diario oficial de 3 de noviembre de 1998, por la cual
se autoriza a los Directores Regionales para delegar en el jefe del departamento tributario la atribución
de conocer y resolver las reclamaciones de los contribuyentes en contra de las liquidaciones, giros,
pagos y resoluciones que deban tramitarse con arreglo a los procedimientos establecidos en el Título II
y en el Párrafo 1 del Título III del Libro Tercero del Código Tributario.
Un adecuado ordenamiento del estudio hace necesario tener en cuenta que los Directores Regionales
del Servicio de Impuestos Internos, en el ámbito territorial que les ha sido asignado, ejercitan dos
órdenes de potestades públicas: a) aquella administrativa, que se relaciona primordialmente con la
aplicación y fiscalización de la normativa tributaria, conforme a lo estatuido en los artículos 6 inciso 1,
del Código Tributario y 1 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; y b) la jurisdiccional,
en calidad de jueces tributarios, respecto de las materias relativas a reclamaciones y denuncias de esa
naturaleza.
Como lo ha expresado ya esta Corte, la sola lectura de los citados artículos 6, letra b), número 7 del
Código Tributario y 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, en razón de la
generalidad de los términos empleados en su redacción, permite concluir que deben entenderse
referidos a una delegación de atribuciones administrativas, que conforman el caudal mayor de
potestades que el régimen normativo confía al delegante y no a aquellas de tipo jurisdiccional, a las que
el legislador alude en forma más precisa y explicativa, como lo hace con los artículos 116 del Código
Tributario, que consagra la delegación “para conocer y fallar las reclamaciones y denuncias”; y 165
número 8 del mismo ordenamiento, que franquea la delegación de facultades para conocer y fallar
reclamos en contra del giro de ciertas multas. A lo que cabe añadir la completa armonía y consecuencia
de esta interpretación con la imposibilidad de delegar la jurisdicción, indicada en el segmento segundo
del razonamiento cuarto de esta resolución. Así entendida, la delegación que se produce en la esfera de
la actividad administrativa, puede concebirse como un mecanismo destinado a proporcionar eficiencia
y agilidad a la gestión de los órganos del servicio público en el cumplimiento de su misión esencial,
consistente en la satisfacción de las necesidades colectivas y que se traduce en la autorización que hace
la propia ley para que el poder jurídico que atribuye originalmente a un determinado organismo estatal
pueda ser ejercido, no por éste sino por otro ente dependiente o subordinado suyo, dentro de la escala
jerárquica de la persona jurídica estatal de que se trata.
Los artículos 7 inciso 1, 33 inciso 3, 35 inciso 2, 100 inciso 1, 105 inciso 2, y 106 de la Constitución
Política, admiten esta clase de delegación e incluso se determina una regulación general en los artículos
23 inciso 2, 35 y 41 de la Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el Decreto con
Fuerza de Ley Número 1/19.653, de diecisiete de noviembre de dos mil uno, y 55 letra a), y 78 letra a),
de la Ley Número 18.834, de veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que aprobó
el Estatuto Administrativo, atendida su naturaleza y el ámbito en que opera y produce sus efectos, lo