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De lo dicho resulta que es inadmisible el recurso de casación en la forma por los capítulos que invocan
la causal del número 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por estar excluida del
listado de causales procedentes respecto de sentencias dictadas en procesos regidos por leyes
especiales.
En cuanto a la última causal de casación formal en que funda su recurso la recurrente, esto es, la
existencia de decisiones contradictorias, conviene tener presente que esta Corte ha sostenido
reiteradamente que existen decisiones contradictorias cuando las que contiene el fallo son
incompatibles entre sí, de manera que no pueden cumplirse simultáneamente, pues interfieren unas con
otras.
El fallo impugnado resuelve en un solo sentido, al desestimar la excepción de prescripción opuesta por
el ejecutado y ordenar seguir adelante la ejecución hasta hacerse entero y cumplido pago de lo
adeudado al acreedor, de modo que la causal invocada carece de fundamento.
En consecuencia, el recurso de casación en la forma debe ser desestimado.
Casación en el Fondo: Para el conocimiento del recurso de casación en el fondo es necesario tener
presente los siguientes antecedentes de la sentencia impugnada:
1) Por escritura pública de 15 de abril de 1983, el demandado se obligó a pagar 527,3670 Unidades de
Fomento a la asociación señalada, en 286 mensualidades anticipadas y sucesivas, dentro de los diez
primeros días de cada mes, a contar de noviembre de 1981.
2) Con fecha 17 de noviembre de 1983, el demandado convino con su acreedora una reprogramación
de parte de su deuda hipotecaria, por la cual reconoció adeudar la suma de 35,721812 Unidades de
Fomento por concepto de dividendos impagos del contrato celebrado en abril del mismo año. En virtud
de esta convención se obligó a pagar 271 dividendos a partir del 1 de agosto de 1983, dejándose
constancia que la reprogramación se otorgaba al amparo de la Ley Número 16.807.
3) En consecuencia, a partir del 1 de agosto de 1983, el deudor quedó obligado a pagar dos cuotas
paralelas: una correspondiente a la deuda reprogramada y otra a las cuotas estipuladas en el mutuo
primitivo, según su desarrollo normal allí convenido.
4) No obstante que el mutuo y convenio de adjudicación se sujetarían a las normas de la Ley Número
16.807, las partes, mediante la cláusula novena del convenio de adjudicación y mutuo de 14 de abril de
1983 y la cláusula octava del convenio de reprogramación de 17 de noviembre de 1983, sujetan ambas
deudas, la del mutuo primitivo y la atrasada reprogramada, a las mismas reglas sobre desarrollo y
cobro, rigiendo respecto de ambas la cláusula novena del contrato primitivo referida a la mora que
pudiera afectar al deudor, estableciéndose que “en caso de mora en el pago del dividendo, el interés
será el pactado aumentado en un cincuenta por ciento y dará derecho al acreedor para exigir el total del
monto adeudado, como si fuera de plazo vencido”.
5) La exigibilidad anticipada era para la institución acreedora un derecho y atribución, que se ejerció
mediante el requerimiento de 6 de enero de 1997, en que se exigió el pago total de lo adeudado,
recurriendo al procedimiento ejecutivo especial del artículo 98 del Decreto con Fuerza de Ley Número
252 de 1960, Ley General de Bancos, siendo requerido el deudor mediante notificación de 25 de
septiembre de 1997.
6) El tiempo necesario para la prescripción intentada por el demandado corre desde la fecha de la
notificación legal del requerimiento, de modo que no procede declarar la prescripción de las acciones
deducidas por el ejecutante.
7) Las reglas convenidas por las partes para el cumplimiento y exigibilidad de las obligaciones
adquiridas en ambas convenciones, en especial en la cláusula de aceleración de ejercicio facultativo,
constituyen una ley para los contratantes que restringe la aplicación del artículo 57 de la Ley Número
16.807, de modo que esta norma sólo tendría vigencia supletoria.
El demandado funda este recurso sosteniendo que la sentencia referida en el motivo anterior ha
incurrido en los siguientes errores de derecho:
a) Se habrían vulnerado leyes reguladoras de la prueba, y en particular el artículo 348 del Código de