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Procedimiento Civil, toda vez que se le ha impedido el ejercicio del derecho a rendir probanzas
permitidas por el legislador. Expresa que su parte pidió que se trajera a la vista el expediente de un
juicio seguido por su parte con la asociación referida, de Juzgado Civil, rol individualizado, en el año
2000, y reiteró su petición en diciembre de 2002. Finalmente, y por tercera vez, lo pidió en junio de
2003, y en momento alguno se negó lugar en forma expresa a dicha petición, lo que implicaría una
negativa a tal diligencia, produciendo su indefensión.
Se habría vulnerado, además, lo dispuesto en el artículo 398 del mismo código, pues se ha negado una
diligencia de absolución de posiciones pedida, y también el artículo 177, atendida la importancia del
expediente que se ha pedido traer a la vista, porque en dicha causa se había pretendido por el antecesor
del demandante el cobro del mismo crédito que se persigue a través de este procedimiento.
b) También se habrían infringido las normas de orden público, reguladoras de la prescripción, de los
artículos 2492 y siguientes del Código Civil.
El recurrente sostiene a este respecto que es contrario a derecho que el acreedor pueda determinar
potestativamente el momento en que habrá de comenzar a correr la prescripción, como ocurriría si no
ejerce la facultad de cobro y aceleración que le confiere la cláusula novena del contrato.
En relación con lo anterior, también sostiene que la norma del artículo 57 de la Ley Número 16.807 es
imperativa y de orden público, de modo que, cualquiera sea la estipulación entre las partes, la
prescripción de la deuda comienza desde que se produzca la aceleración de pleno derecho de la
obligación, en razón del atraso en el pago de tres cuotas mensuales y consecutivas.
En cuanto al primer grupo de infracciones denunciadas, debe consignarse que esta Corte reiteradamente
ha entendido que son vulneradas las normas reguladoras de la prueba cuando los sentenciadores
invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza,
desconocen el valor probatorio que la ley determinadamente les atribuye o alteran el orden de
precedencia que la ley les diere.
Se ha repetido que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes,
limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores, más allá de las cuales los jueces
del fondo son soberanos para apreciar las pruebas en la forma establecida por las normas pertinentes.
Por ello, no son susceptibles de ser revisadas por la vía de la casación las decisiones de los
sentenciadores basadas en disposiciones que les otorgan libertad en la apreciación de los elementos
probatorios.
Conforme lo señalado, debe desestimarse el recurso en cuanto alega la infracción de los artículos 348,
385, y 398 inciso segundo, en relación este último con el artículo 177, todas del Código de
Procedimiento Civil.
En efecto, en lo relativo a la infracción denunciada respecto del artículo 348, esta norma solamente
determina el momento en que las partes pueden presentar los instrumentos que pretenden hacer valer en
el juicio, y del análisis de los antecedentes no se advierte vulneración alguna del derecho invocado,
toda vez que el demandado pudo acompañar los antecedentes relevantes del expediente que se
pretendía fuera traído a la vista y no lo hizo.
Tampoco se ha infringido el artículo 385 del mismo cuerpo legal, porque en autos se observa que se
dejó sin efecto la absolución de posiciones en razón de que la persona citada a confesar en
representación del Fisco carecía de facultades legales para hacerlo, y ante una reposición, la Corte de
Apelaciones dejó sin efecto esa diligencia.
Finalmente, y en lo tocante al artículo 398 inciso segundo en relación con el artículo 177, también debe
desestimarse, toda vez que, como se ha señalado, tiene por fundamento la privación de un antecedente
probatorio que la parte pudo hacer llegar al proceso por sí misma e incide, además, en una excepción
que no fue planteada en la oposición a las ejecuciones.
Tampoco han infringido los jueces del fondo las normas sobre prescripción extintiva del Código Civil,
porque estimaron que el plazo de prescripción no había transcurrido, ya que este comenzó a correr
desde el momento en que se notificó al deudor el requerimiento judicial, esto es el 25 de septiembre de