Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

artículo 458 del Código del Trabajo, reclamando por la omisión de las consideraciones de hecho y de
derecho que deben servirle de necesario fundamento al fallo y de las citas legales o principios de
equidad que sustentan la decisión.
Al efecto, argumenta que el raciocinio atingente a la forma como las demandadas principales
responden del cumplimiento de las obligaciones laborales quedó reducido al reconocimiento del hecho
que las tres sociedades conforman una sola empresa y que, en tal calidad, deben responder de las
obligaciones laborales y previsionales de que es acreedor el actor. No obstante ello, en lo resolutivo de
la sentencia atacada, los jueces declararon que las demandadas quedan obligadas en forma simplemente
conjunta a los pagos a que son condenadas, lo que importa contradecir sus propios términos, pues esa
decisión involucra generar una limitación de responsabilidad a favor de las demandadas, lo que no
aparece respaldado por fundamento alguno ni disposición legal de ningún tipo. Agrega que los
considerandos 9, 10 y 11 no conducen a la conclusión que las demandadas sólo adeudan una parte de
las obligaciones, desde que esos mismos considerandos concluyen que son deudoras de todas las
obligaciones, lo que no admite división ni restricción de ninguna especie.
Expone que, en ese contexto, resultaba absolutamente indispensable que la sentencia recurrida fundara
la decisión transcrita para explicar la falta de aplicación de lo previsto en el inciso segundo del artículo
4 del Código del Trabajo, que previene que no afectan a los derechos de los trabajadores los cambios
en la estructura de la empresa, por cuanto la decisión no hace sino dividir en tres partes incomunicables
esos derechos.
En relación a la falta de consideraciones de hecho y de derecho reclamada, se hace necesario precisar
que los sentenciadores de segunda instancia reprodujeron el fallo en alzada con algunas modificaciones
y eliminaron los motivos noveno, décimo, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y el
adverbio “solidariamente” del razonamiento duodécimo. Por consiguiente, mantuvieron en el motivo
undécimo la parte en que el juez a quo estableció que las sociedades demandadas forman una sola
empresa para efectos laborales y, por ende, responden de todas las obligaciones de esa naturaleza y de
las previsionales adeudadas al actor. En el mismo orden de ideas, agregaron que las demandadas
cuentan con unidad de administración y representantes, y obran como una sola entidad para la
captación de clientes y ejecución de contratos bajo una dirección central, compartiendo recursos en
miras de un objeto común reflejado en el giro.
En el motivo duodécimo del fallo de primer grado, hecho suyo por los jueces recurridos, salvo la
modificación señalada, los sentenciadores concluyeron que las demandadas son responsables del pago
de las remuneraciones del demandante hasta la convalidación del término del contrato, más las
comisiones por los montos indicados, todo ello con reajustes e intereses, sin establecer limitaciones de
ningún orden.
Sin embargo, en la parte resolutiva de la sentencia de que se trata, los jueces del grado decidieron que
las demandadas quedan obligadas a pagar las prestaciones a que son condenadas en forma simplemente
conjunta.
En este contexto, los recurridos, sin eliminar los fundamentos del fallo en los cuales afirman que las
demandadas constituyen una sola empresa y en esa condición son responsables ante el actor, llegaron a
una conclusión absolutamente opuesta, pues resolvieron que la obligación es simplemente conjunta.
Vale decir, por una parte, afirman que se trata de una unidad económica que funciona como tal no sólo
en el ejercicio del giro, sino en cuanto a la administración y que actúan a través de un único
representante y luego, sin fundamento jurídico que lo sustente, determinaron que la obligación de las
demandadas es simplemente conjunta, lo que importa reconocer la existencia de tres deudores
responsables cada uno de su respectiva cuota.
Lo antes razonado conduce a afirmar que en el pronunciamiento del fallo de que se trata, no se ha dado
cabal cumplimiento a la exigencia del número 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, la
que, como se ha dicho por este tribunal, tiende a asegurar la justicia y legalidad de los fallos y a
proporcionar a los litigantes los antecedentes que les permitan conocer los motivos de la decisión del