Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, mas $180.000 por concepto de remuneraciones
adeudadas, más intereses y reajustes con expresa condenación en costas.
En cuanto al primer punto, el actor fue despedido con fecha 30 de abril de 2002, conforme se señala en
la carta aviso rolante, no objetada, y la demanda fue interpuesta el día 30 de julio de igual año, de
acuerdo al libelo. Consta, asimismo, del documento referido, que el actor interpuso reclamo ante la
Inspección del Trabajo el día 5 de mayo de 2002, celebrándose la audiencia pertinente con el
empleador principal el día 24 de junio de igual año, conforme acta de comparecencia. Al efecto, el
artículo 168 inciso final del Código del trabajo, ha dispuesto que el plazo contemplado en el artículo
primero se suspenderá cuando cualquiera de las partes interponga reclamo ante la Inspección del
Trabajo y éste seguirá corriendo hasta finalizado aquél y en ningún caso podrá recurrirse al tribunal
transcurridos los noventa días hábiles contados desde la separación del trabajador, lo que en el presente
caso no ha ocurrido.
Por otra parte y en relación a la excepción misma de prescripción opuesta, es del caso señalar que
consta certificación del receptor judicial de fecha 2 de octubre de 2002, por la cual se deja constancia
de búsquedas del demandado principal, el que no fue habido en el domicilio allí señalado,
encontrándose notificado de acuerdo al artículo 431 del Código del Trabajo el día 17 de marzo de 2003,
en tanto que la demandada subsidiaria fue notificada de la demanda el 2 de julio de 2003, de acuerdo a
la constancia.
El artículo 480 inciso 2 del Código del Trabajo, ha dispuesto que las acciones provenientes de los actos
y contratos a que se refiere este Código prescribirán en seis meses contados desde la terminación de los
servicios y, a su vez, el inciso quinto previene que los plazos de prescripción no se suspenderán y se
interrumpirán de conformidad a las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil. A su vez, el
artículo 2523 número 2 del código citado, señala que la interrupción se producirá “desde que interviene
requerimiento”.
La voz requerimiento, ha sido objeto de discusiones, al igual que en los casos de prescripciones de
largo tiempo, relativas a establecer si éste debe ser judicial o basta uno que no tenga dicha calidad;
aparece del caso destacar que en la prescripción de corto tiempo habla de “requerimiento” y el artículo
2518 refiriéndose a las de largo tiempo, habla de “demanda judicial” y para la prescripción adquisitiva
habla de “recurso judicial”, conforme al artículo 2503.
En este orden de ideas, requerir, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa: acto
judicial por el que se intima que se haga o se deje ejecutar algo, de modo tal que la voz requerir
implicará solicitar el reconocimiento de un derecho, para lo cual basta una actuación en que se
desprenda la voluntad inequívoca para tales propósitos, lo que debe entenderse cumplido con la
presentación de la demanda, en materia laboral, siendo diferente a la significación que le otorga la ley
civil y ello por cuanto la filosofía de esta legislación presupuesta un amparo a la parte mas débil en la
relación contractual frente a un eventual litigio con el empleador y del principio pro operario que la
inspira, antecedentes todos que son suficientes, a juicio de esta Corte, para el rechazo de la excepción.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el actor ha sido patrocinado por el Programa de
Asistencia Jurídica, gozando de privilegio de pobreza y cumplió con la presentación de su demanda
dentro del plazo legal, no siéndole imputable el atraso en la demora de la notificación a los
demandados.
En cuanto a la injustificación del despido, tratándose de un contrato por obra o faena, éste se encuentra
sujeto a una condición y que se refiere a la realización del servicio que la legitimó, es decir, a una fecha
incierta que se sabe que va a llegar pero se ignora la oportunidad.
Este contrato se caracterizará por la existencia de una faena determinada por la cual el empleador debe
pagar una remuneración, no debe tener una duración indefinida y deberán convenir en forma expresa
cuando ha de colegirse su término, de forma que los contratantes tienen conocimiento de las
estipulaciones y forma en que se desarrollará el trabajo y se mantendrá hasta su finalización, cobrando
plena aplicación la norma referida al cumplimiento de los contratos de buena fe.