Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

desconoce el hecho de haber ingresado al servicio el 1 de septiembre de 1993 que aparece en el
contrato, porque lo firmó en circunstancias en que se hacían contratos cada cierto tiempo por cambio de
condiciones, de dirección o de composición de sociedad; reconoce su firma puesta en el contrato con la
nombrada, de fecha 1 de enero de 1996 que se le exhibe; el anexo del contrato fue suscrito por la
absolvente en todas sus páginas, pero no dice una de dos, pero será; es su firma la del contrato de fecha
2 de mayo de 1996 y el contrato fue suscrito en todas sus páginas, lo que cree porque nada indica que
falta alguna, con lo que cabe tener por establecida la existencia de los hechos confesados.
Fuera de la relacionada, no se produjo por las partes ninguna otra clase de pruebas y con su mérito
debidamente concordado y apreciado según las normas de la sana crítica, cabe tener por establecida la
existencia de la relación laboral entre las partes que se inició el 1 de octubre de 1975, mediante contrato
suscrito por la demandante y la sociedad antecesora de la demandada, la que según consta de las
subinscripciones practicadas en el Registro de Comercio respectivo, sufrió varios cambios de nombre,
originados por el ingreso de nuevos socios, la absorción por otra sociedad o la venta de alguna de ellas
a la siguiente hasta llegar a la nombrada, que es la demandada en estos autos, todo lo cual consta de las
subinscripciones practicadas en el Conservador de Comercio.
Según lo declarado por las testigos de la demandante, quienes depusieron en forma circunstanciada,
conteste y dando razón de sus dichos, en el hecho de haber trabajado para la demandada, durante el
período que se desarrolló la relación laboral con la demandante, cada vez que se producía un cambio de
socios y de nombre de la empleadora, ello no afectaba para nada a su personal, que continuaba
trabajando en las mismas condiciones, sin practicarse la confección de finiquito, ni menos
interrumpiendo el trabajo convenido en el contrato, que seguía siendo el mismo y bajo las mismas
condiciones, celebrando sólo un nuevo contrato con la empresa para reemplazar la denominación del
empleador, pero manteniendo incólumes las cláusulas restantes, pues como se ha dicho, nunca se
suscribió
finiquito, manteniendo la misma cartera de clientes y prestando idénticos servicios a la firma, habiendo
continuado esta situación hasta el día 31 de marzo de 2003,en que la demandada decidió poner fin a la
relación laboral invocando la causal de necesidades de la empresa.
La demandada en el finiquito preparado al efecto que presentó a la Inspección del Trabajo, sólo
consideró para el pago de la indemnización por años de servicios el período comprendido entre el l de
septiembre de 1993 hasta la fecha de término de la relación laboral, fundamentando tal pago en el
hecho que en el contrato celebrado en esa fecha, se hace constar que el trabajador empezó a prestar
servicios para la demandada el 1 de septiembre de 1993,fecha en que se celebró contrato de trabajo
entre las partes.
Cualquiera que haya sido la mención hecha en el antedicho contrato, cabe aplicar aquí la primacía de la
realidad, ya que, como ha quedado establecido en los razonamientos anteriores, los servicios para la
demandada se iniciaron el 1 de octubre de 1975,o sea 28 años antes, sobre los que también corresponde
pagar indemnización por años de servicios, ya que la demandada es la sucesora legal de la empresa con
la que la trabajadora inició sus servicios, que han sido continuos para todas las antecesoras de su actual
empleadora, cobrando de esta manera plena aplicación la norma del artículo 4 del Código del Trabajo.
El hecho de haber recibido la trabajadora en la Inspección del Trabajo la indemnización ofrecida pagar
por su empleador, en nada altera lo ya concluido, pues ésta en dicho acto dejó constancia formulando
expresa reserva que ello no significaba en absoluto la aceptación de la liquidación efectuada, por las
diferencias por los años no reconocidos por la parte reclamada, las que reclamaría en la instancia
judicial correspondiente, conjuntamente con las diferencias impagas de comisiones que se le
adeudarían de los meses de diciembre de 2002 a marzo de 2003, dado que existen facturas sobre las
que no se ha pagado la correspondiente comisión.
Tampoco procede acoger la prescripción invocada por la demandada, pues la relación laboral finalizó
con fecha 31 de marzo de 2002, ya que la relación laboral se mantuvo en forma continuada hasta esa
fecha, desde la cual y hasta la notificación de la demanda no había transcurrido el plazo previsto por el