Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

a) La emisión y pago del cheque, mediante el documento original o fotocopia de éste.
b) Tener registrada la respectiva cuenta corriente bancaria en la contabilidad, si está obligado a llevarla.
c) Que la factura cumple con las obligaciones formales establecidas por las leyes y reglamentos.
d) La efectividad material de la operación y de su monto, por los medios de prueba instrumental o
pericial que la ley establece cuando el Servicio de Impuestos Internos así lo solicite.
Lo dispuesto en los incisos segundo y tercero no se aplicará en el caso que el comprador o beneficiario
del servicio haya tenido conocimiento o participación en la falsedad de la factura”.
Como se advierte, para hacer uso del derecho a crédito fiscal los contribuyentes deben cumplir con
varios y severos requisitos, los que en último término vienen a constituir también medidas de resguardo
para los contribuyentes que, de buena fe, se vean engañados al serles otorgadas facturas falsas.
El evento propuesto no acaeció, desde que, como dejaron establecido los jueces del fondo, no se logró
demostrar la autenticidad de las facturas y ni siquiera lo más elemental, como lo es la efectividad de las
operaciones a que acceden los referidos documentos.
En las condiciones que se acaban de resaltar, toda la primera parte del recurso no tiene sustento
jurídico, sin que resulte necesario el análisis pormenorizado de las disposiciones legales invocadas,
porque ello constituiría un ejercicio intelectual de ninguna utilidad, desde que no se lograría cambiar la
desmedrada situación jurídica del contribuyente, en la que él mismo se ubicó.
De lo recién sustentado se deriva también el rechazo de las alegaciones en orden a que la prescripción
aplicable en la especie sería de tres años y no de seis como resolvieron los jueces.
En efecto, en conformidad con lo dictaminado por el artículo 200 del Código Tributario, “El Servicio
podrá liquidar un impuesto, revisar cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que
hubiere lugar, dentro del término de tres años contado desde la expiración del plazo legal en que debió
efectuarse el pago. El plazo señalado en el inciso anterior será de seis años para la revisión de
impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere
maliciosamente falsa”.
La materia precedente también viene resolviéndose de manera inalterable por esta Corte Suprema del
mismo modo como se decidió por los jueces de la instancia.
En efecto, en el asunto sublite las facturas fueron estimadas falsas y las declaraciones tributarias del
contribuyente como maliciosamente falsas. Dicha declaración es más que suficiente como para ampliar
el plazo corriente de prescripción de tres años al especial o extraordinario de seis, tal cual ocurrió, con
pleno apego a derecho.
En lo que atañe con la alegación del recurrente en el sentido de que el Servicio consideró partidas
provenientes de liquidaciones de Impuesto al Valor Agregado, cuya prescripción se ha reconocido, para
aumentar las bases imponibles del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, lo que en concepto del
contribuyente sería improcedente, cabe señalar que los referidos impuestos están contemplados en
leyes distintas, sin que exista dependencia legal de uno respecto de otro. A mayor abundamiento,
también se diferencian ambos tributos en cuanto a sus fechas de declaración, el primero de ellos vence
el día doce del mes siguiente a aquél en que se generó, en cambio el segundo es de declaración y pago
anual y vence el último día del mes de abril del año siguiente a aquel en que se originaron las rentas,
por lo que ambos tributos son absolutamente independientes entre sí y, por ello, no es procedente la
forma de prescripción propugnada por el recurrente.
Respecto de la pretensión del reclamante en orden a que no le serían aplicables las exigencias previstas
en el artículo 23 número 5 del Decreto Ley Número 825, porque las operaciones cuestionadas son
anteriores a la modificación legal de dicha norma, debe destacarse que el propio artículo transitorio de
la Ley Número 18.884, contempla y soluciona la situación planteada, previniendo que lo establecido en
el inciso primero no se aplicará en el caso de facturas pagadas antes de la vigencia de esta ley, siempre
que el contribuyente acredite ante el Servicio de Impuestos Internos la existencia de los requisitos
exigidos en la letra a) del inciso 2 del referido número 5, y pruebe, además, los hechos señalados en el
inciso 3 de la misma disposición, y que en el caso que se hayan efectuado liquidaciones por este