Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia
FECHA= 22.09.2005
ROL= 3451-05 (Talca)
NORMA= Art. 1698 CC; 1 CTRAB, 420 a) CTRAB, 455 CTRAB, 456 CTRAB, 458 CTRAB; 1 Ley
18.834, 10 Ley 18.834; 21 Ley 18.575; 303 No. 1 CPC
DESCRIPTORES= Demanda en Juicio Ordinario del Trabajo, Excepciones. Excepciones,
Incompetencia Tribunal. Excepción Incompetencia, Procedencia. Tribunales Laborales, Competencia.
Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Prueba Existencia. Contrato de Trabajo,
Compatibilidad Contrato de Honorarios. Estatuto Administrativo, Compatibilidad Contrato de
Honorarios. Contrato a Honorarios Estatuto Administrativo, Régimen Jurídico Aplicable. Contrato a
Honorarios Estatuto Administrativo, Aplicabilidad Código del Trabajo. Casación en el Fondo,
Procedencia. Casación en el Fondo, Falta de Fundamento
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 1, 3, 7, 8 y
420 del Código del Trabajo y 1 y 10 de la Ley 18.834, sosteniendo, en síntesis, que se efectuó una
errada aplicación al acogerse la excepción de incompetencia opuesta por la demandada. Indica que se
omitió aplicar los artículos 1, 7 y 8 del Código del ramo, pues si su contrato quedaba fuera del ámbito
administrativo, debió aplicársele la normativa laboral y determinarse que por la reiteración de sus
contratos a plazo fijo, éstos se transformaron en uno de carácter indefinido y por ello el despido del
cual fue objeto fue injustificado.
Agrega que la actora habría prestado servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, razón por
la cual no pudo sino concluirse que entre las partes del juicio existió un contrato laboral, en los
términos del artículo 7 del Código Laboral, debiendo, por ende, aplicársele el Código del Trabajo y
como consecuencia de lo anterior, rechazarse la excepción invocada por la contraparte.
El recurso de que se trata puede ser rechazado si, en opinión unánime de todos los integrantes de la
sala, adolece de manifiesta falta de fundamento, conclusión a la que debe arribarse en la especie, puesto
que las normas que se dicen infringidas han sido correctamente aplicadas en el fallo de que se trata y el
que concuerda con lo resuelto reiteradamente por esta Corte, en orden a que la prestación de servicios a
honorarios, en virtud de un contrato celebrado entre un organismo del Estado y un particular, según lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 18.834, no constituye una relación regida por el Código del
Trabajo, sino por las normas que establezca el respectivo contrato de prestación de servicios, de manera
que el juzgado laboral era incompetente para conocer de la situación planteada a través de la demanda
de autos.
II Corte de Apelaciones: La actora demandó a la demandada, en juicio ordinario laboral a objeto de
que se declare la existencia de la relación laboral habida entre, las partes; que el despido de que fue
objeto es injustificado; y se la condene al pago de las prestaciones siguientes: $1.058.476 por concepto
de indemnización sustitutiva de falta de aviso previo; y la suma de $9.526.284 como indemnización por
los años de servicios laborados, incluido el aumento legal, o la suma mayor o menor que el tribunal
determine, con intereses, aumentos, reajustes y costas.
La parte demandada opuso en primer término excepción dilatoria de incompetencia del tribunal,
contemplada en el número 1 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, que hace consistir en
lo dispuesto en los artículos 1 del Código del Trabajo, 12 y siguientes de la Ley 18.575, Ley Orgánica
Constitucional de Bases de Organización del Estado; y 1 de la Ley 18.834. Sostiene que de acuerdo con
tales disposiciones el personal de la Universidad se rige por el Estatuto Administrativo, lo que significa
que se encuentran sometidos a un estatuto especial, por lo que no cabe aplicarles las disposiciones que
se refieren a los contratos regidos por el derecho privado. Que la incorporación de una persona a este
régimen jurídico estatutario, debe ser libremente decidida por ella, en consecuencia, quien ingresa a un
cargo público regido por la Ley 18.834, se incorpora voluntariamente a un sistema que regula
:íntegramente, entre otros aspectos, sus derechos, obligaciones y modalidades de desempeño.
Agrega que los servicios descentralizados, como lo es la Universidad demandada, sólo pueden