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se someten al fallo del tribunal, no se ha individualizado como corresponde a una de la demandantes y
el actor ha reconocido en la demanda, que la obligación que cobra fue pagada.
Casación en la Forma: El recurso de casación en la forma no podrá ser acogido a tramitación, pues no
cumple con la exigencia prevista en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, ello porque el
escrito en que se deduce el recurso, debería mencionar expresamente, además del vicio o defecto en
que se funda, la ley que concede el recurso por la causal que se invoca, última exigencia que no ocurre
en la especie.
Casación en el Fondo: En cuanto a recurso de casación en el fondo deducido por los demandados, será
rechazado, toda vez que adolece de manifiesta falta de fundamento. En efecto, los artículos 254 número
2 y 5 del Código de Procedimiento Civil, que se denuncian como infringidos, sólo contienen reglas
para la ritualidad del procedimiento y por ende no sujeta al control del recurso de casación y en cuanto
a que la obligación que se demanda estaría pagada, ello constituye un hecho que no fue establecido en
la sentencia atacada; por ende las conclusiones que pretende el recurrente solo serían admisibles a la
luz de hechos diversos a los señalados en la sentencia atacada, los que no fueron impugnados
denunciando infracción a leyes reguladoras de la prueba que, de ser efectiva, permita su modificación.
Respecto del recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante, éste sostiene que se
han infringido las disposiciones legales que indica, puesto que no resulta procedente que los jueces del
fondo regulen sus honorarios, como juez árbitro, modificando la suma que él mismo propuso. Los
sentenciadores han hecho una correcta aplicación de las disposiciones legales atinentes al caso de que
se trata, al señalar que, si no se produce regulación de los honorarios en forma convencional, el monto
de éstos debe ser determinado judicialmente, careciendo el juez árbitro de competencia para regular su
monto y éste se determinará considerando la complejidad del juicio, el tiempo y la atención que
demandó; por ello la casación en estudio adolece de manifiesta falta de fundamento.
II Corte de Apelaciones: Es opinión generalmente admitida, que los árbitros tienen derecho a cobrar
honorarios por sus servicios, constituyéndose éstos en un gasto inherente al juicio arbitral, al que las
partes se encuentran obligadas en reciprocidad de la obligación que el árbitro contrae para con ellas de
desempeñar el encargo que le confiaron.
En cuanto a la regulación de los honorarios, ésta se puede efectuar por un acuerdo entre el árbitro y
todas las partes comprometidas, acuerdo que puede existir de antemano o una vez concluido el
arbitraje, pero si no se produce regulación convencional, el monto de los honorarios debe ser
determinado judicialmente, siendo aplicables en la especie las reglas prescritas para los juicios sobre
cobro de honorarios, acción que fue la intentada en autos.
Conforme se refiere en la sentencia en alzada, el juez árbitro propuso honorarios según consta de las
copias del expediente arbitral tenidas a la vista. Sin embargo, tal declaración no es una resolución
judicial sino una simple proposición ante las partes comprometidas, que queda sujeta a la aprobación de
ellas, pues, aunque los honorarios sean costas del juicio arbitral, el juez árbitro carece de competencia
para regular su monto, puesto que tiene la calidad de parte y nadie puede ser juez en causa propia, de
suerte que respecto de tal regulación, incluso, las partes no necesitan alzarse ya que ella no las obliga
mientras no la hayan aceptado, aceptación que no se produjo en autos.
Por último, conforme ya fuera advertido en la sentencia en estudio, las partes deben honorarios al
árbitro aun cuando éste no desempeñe totalmente su encargo, sin embargo se advierte del expediente
arbitral a la vista y documento agregado a estos autos, que si bien penden en contra de la sentencia
dictada en el juicio arbitral los recursos deducidos en su contra, no es menos cierto que se encuentra
vencido el plazo del arbitraje, conforme se obtiene del mérito de los antecedentes y lo dispuesto en el
artículo 235 del Código Orgánico de Tribunales, habiendo el árbitro concluido su encargo por haber
vencido el plazo para el que fue nombrado, terminando su cometido con la dictación de la respectiva
sentencia, y, en consecuencia, lo único pendiente, que no podrá llevar a cabo, en su caso, será su
ejecución, al tenor del artículo 635 del Código de Procedimiento Civil, de suerte tal que al haber
concluido su encargo tiene derecho a que la justicia ordinaria le fije los honorarios pertinentes