Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

normas legales pertinentes, contenidas en el Código del ramo, ha calificado la naturaleza de dichas
funciones, estimando que se ha trasgredido la ley, con lo que se advierte que ha efectuado una
interpretación de ella, cuestión que se encuentra al margen de la las facultades conferidas a dicho
organismo, pues son materias que deben ser resueltas por la judicatura laboral, quien por lo demás ya
esta conociendo del tema de fondo, a raíz del reclamo planteado por la actora, por cuanto se le aplicó
anteriormente una multa, motivada por los mismos hechos, lo que dio origen a la causa laboral rol
individualizado, seguida ante el Juzgado de Letras referido.
Con lo expuesto, surge que la recurrida se ha arrogado facultades propias y excluyentes de los
Tribunales del Trabajo, conforme lo establece el artículo 420 del Código del Trabajo.
Con lo reflexionado aparece de manifiesto que la recurrida ha incurrido en una actuación ilegal que
perturba la garantía contemplada en el artículo 19 número 3 inciso 4 de la Constitución Política de la
República, razón por la cual el presente recurso habrá de ser acogido.
Se previene que el Ministro señor Carreño, que también concurre a la confirmación, estuvo por hacerlo
teniendo, además, presente que en los autos rol individualizado del Juzgado de Letras referido, la
recurrente dedujo reclamación contra la resolución de multa señalada, cursada por la Inspección
Provincial del Trabajo, que le fuera notificada con fecha 26 de febrero de 2007, por la misma eventual
infracción a las leyes laborales que le atribuye la recurrida, acontecida con anterioridad a la que se
impugna por la presente vía, de modo que la cuestión controvertida entre las partes se encuentra
sometida al conocimiento y decisión de los Tribunales de Justicia, lo cual conlleva que el organismo
fiscalizador debe abstenerse de imponer multas u otras sanciones administrativas respecto de idénticas
situaciones fácticas que han sido reclamadas judicialmente por la empresa fiscalizada y cuya resolución
se encuentra pendiente.
Voto Disidente: En el caso sub lite, la recurrida se pronunció, a través de las resoluciones impugnadas,
respecto de una materia que se encuentra dentro de las facultades que se le confieren por los artículos 1
y 23 del Decreto con Fuerza de Ley Número 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y
por los artículos 474 y 476 del Código del Trabajo.
En efecto, al haber constatado un funcionario del organismo fiscalizador que la empresa reclamante no
cuenta con autorización del Director del Trabajo, para implementar un sistema excepcional de
distribución de jornada de trabajo y descanso, que exige el inciso sexto del artículo 38 del Código del
Ramo, procedió a cursar las multas impugnadas, limitándose con ello a cumplir con las funciones
específicas que para tal caso le confiere el mencionado artículo 474 del Código citado.
De este modo, la sanción que se ha aplicado por la autoridad establecida por la ley para castigar la
infracción laboral de que se trata es de carácter administrativo y no jurisdiccional, pues proviene de la
actividad de fiscalización que por ley le corresponde a la Dirección del Trabajo, luego de verificada
una vulneración a las normas laborales; decisión que es reclamable ante los tribunales de justicia.
Si bien el fundamento de la reclamación judicial interpuesta por la recurrente en contra de la
Resolución de Multa singularizada ante el Juzgado de Letras referido es idéntico al que se invoca al
impugnar, a través de esta acción constitucional, la medida de suspensión de las labores de producción
del turno de noche, adoptada el día 7 de marzo último, ello no obsta a que, constatadas las mismas
circunstancias que motivaron a la Inspección del Trabajo a sancionar con anterioridad a la reclamante,
pueda adoptar nuevas medidas sancionatorias, al tratarse de hechos distintos a los discutidos en sede
judicial. De ello aparece que lo que pretende la actora es que se declare por la presente vía una suerte
de paralización de las facultades fiscalizadoras de la autoridad recurrida mientras se dirimen todos sus
reclamos.
De lo antes expuesto, se concluye necesariamente que la actuación de la recurrida, que se cuestiona a
través de este arbitrio, no vulnera o transgrede la garantía establecida en el artículo 19 número 3 inciso
4 de la Constitución Política, pues se ajusta al ordenamiento jurídico establecido sobre la materia, no
configurándose, entonces, en este caso, ninguno de los presupuestos requeridos para la procedencia de
la acción de protección.