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la empresa demandante después del gerente general, quien normalmente se encuentra físicamente
alejado de la hacienda. Concluye citando el artículo 4 del Código del Trabajo, indicando que este
resulta aplicable en la especie.
El artículo 13 del Código Civil sienta como una de las bases de nuestro ordenamiento jurídico el
llamado principio de la especialidad, el cual obliga a aplicar disposiciones particulares de forma
preferente a aquellas que tengan carácter general o común.
Así las cosas, si bien es cierto el código adjetivo civil entrega normas sobre representación de personas
jurídicas, el inciso primero del artículo 4 del Código del Trabajo establece que se presume de derecho
que representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el
administrador y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o
administración por cuenta o en representación de una persona natural o jurídica.
Tal norma pretende evitar que los dependientes queden en indefensión, otorgándoles una contraparte
conocida y cercana, para efectos de litigar o contratar válidamente, salvándose así el subterfugio
consistente en nombrar representantes legales de difícil o imposible ubicación, que retarden o
entorpezcan, verbi gracia, la traba de una litis laboral.
Es un hecho de la causa que el absolvente ocupa el cargo de Gerente de Administración y Finanzas en
la hacienda de la actora.
Por otra parte, del mérito del documento legalmente acompañado y no objetado, se desprende que el
gerente general de la actora no desarrolla sus actividades en la hacienda de la actora, y que él indica a
los dependientes que deben dirigirse a los gerentes de área para plantear sus peticiones.
Por todo lo dicho, sólo puede concluirse que el gerente de administración representa a la actora para
todos los efectos previstos en el Código del Trabajo, inclusa la realización de actuaciones procesales
tales como la absolución de posiciones, ordenada y oportunamente practicada en autos, por lo que se
rechaza la reposición deducida por la actora.
En cuanto a la tacha promovida contra un testigo: En la audiencia de prueba, la demandada deduce
tacha en contra de un testigo de la actora. Funda la tacha en circunstancias de afectarle la inhabilidad
contenida en el número 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, carecer el testigo
de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto. En efecto,
señala que el testigo reconoce que representa a la empresa y, por ende, afirma que se confunde con ella
en la contratación y despido de personal y en sus relaciones con los sindicatos. Agrega que en este
juicio la empresa busca poner término al contrato de trabajo de un dirigente sindical y que, dentro de
las facultades del testigo, está precisamente el despedir personal. Agrega que el interés de la empresa
en poner término al contrato del demandado coincide con el del testigo y su trabajo, por el cual recibe
remuneración.
Evacuando el traslado, la demandante pide el rechazo de la objeción por no concurrir las circunstancias
a que se refiere la disposición legal citada. El testigo no ha indicado tener interés en el resultado del
pleito. El Código del Trabajo expresamente señala que los dependientes de la parte que los presenta no
son testigos inhábiles por esa sola circunstancia. Aun más, en el evento que se inhabilitara al testigo el
tribunal puede otorgar el valor de presunción judicial a sus dichos. Señala que el testigo es ingeniero
agrónomo, que ocupa un cargo de dirección técnica en la producción de la empresa, que no es un
paniaguado cuya remuneración dependa de que declare en uno u otro sentido, y que no viene en
declarar porque ponga en peligro su calidad de trabajador ni su remuneración, como invoca la
contraria.
Tal como sostiene la representación procesal de la demandante, si bien es cierto el nivel jerárquico del
testigo en la estructura corporativa de la empresa permite presumir que su deposición no pone en riesgo
su estabilidad laboral ni su remuneración, resulta innegable que éste, al estar expresamente autorizado
para contratar o despedir personal debe (o debería) haber tenido participación directa en la decisión de
poner término al contrato de trabajo del demandado, previo desafuero judicial.
Así las cosas, la causa de pedir del libelo se identifica con una de las funciones del testigo en la