Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

adecuada autonomía para cumplir sus fines propios y específicos.
3. Como se ha expresado, el actor, el centro juvenil mencionado, basó su pretensión anulatoria,
precisamente en el carácter de cuerpo intermedio que en la sociedad cumple dicha persona jurídica, lo
que le permite actuar en defensa de intereses colectivos y en el ámbito de las garantías constitucionales,
gozando para dicho fin con plena capacidad procesal, cuya potestad provendría de lo previsto en el
artículo 4 de la Ley Número 19.418, reforzada además, con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 545
del Código Civil, que define a las personas jurídicas como un ente ficticio, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles y de ser representado judicial y extrajudicialmente. Se aduce que,
tratándose de la protección del derecho a la vida, mediante la acción de nulidad de derecho público no
caben restricciones de ninguna especie para el ejercicio de la acción, aplicando reglas de interpretación
contenidas en los artículos 19 y 23 del Código Civil. Describe en su análisis el recurso que, en la
especie, se había ejercido la acción de nulidad aludida como un derecho subjetivo público, cumpliendo
los requisitos que habilitan su ejercicio, cuales serían la causa de pedir; la legitimación y la posibilidad
de poder otorgar la protección que se invoca, siendo esta última condición, una prestación que obliga a
los tribunales de justicia, conforme lo dispone el artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales y 38 de
la Constitución Política de la República. La causa de pedir es el derecho a la vida que se reconoce en
nuestro ordenamiento a todo concebido y no nacido, desde el minuto de la concepción y que la acción
deducida pretende que se hiciera respetar por la jurisdicción el título jurídico que asegura a todo
nasciturus su derecho a nacer, conforme lo dispone el artículo 19 número 3 inciso 1 y 7 inciso final de
la Constitución Política de la República. En cuanto a la legitimación, se expresa que como
consecuencia del Estado de Derecho, se reconoce a todo particular un derecho público subjetivo de
vivir bajo el imperio de la ley. En el caso se planteó la nulidad de derecho público prevista en el
artículo 7 aludido, y en relación al artículo 75 del Código Civil, la que opera como una garantía
constitucional, ipso iure, de la subordinación al derecho a que están obligados en su actuación los
órganos del Estado, por lo que resulta superfluo, por su connotación, exigir de quien recurre algún
título de legitimación especial para demandar ante un tribunal la constatación de dicha nulidad.
4. En relación a la nulidad de derecho público, basada en el artículo 7 de la Carta Fundamental, es
menester indicar que, cualquiera sea el sentido de la ineficacia que pueda adolecer el acto de autoridad
que se reputa nulo, hay acuerdo en la doctrina que su conocimiento y decisión le incumbe
privativamente a los tribunales de justicia, quienes por imposición del principio de inexcusabilidad no
pueden evitar su ejercicio, y que para su avocación se requiere el uso de acciones procesales y, en
cuanto al procedimiento, necesariamente debe corresponder al ordinario que contempla el Libro II del
Código de Procedimiento Civil. En estos términos, si se reconoce que es posible jurisdiccionalmente
impetrar la nulidad de derecho público por quebrantamiento del artículo 7 de la Carta Fundamental, es
evidente que al titular del derecho, le nace el derecho a la acción para invocar tal pretensión de
invalidación, derecho que no sólo le asiste como consecuencia de lo previsto en el inciso primero del
número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sino que también fluye del
concepto de proceso, como medio de solución de un conflicto de relevancia jurídica, que también tiene
regulación constitucional en el inciso 5 del mismo numerando, puesto que no habría derecho a tal
proceso, con las garantías que asegura la misma Constitución, si no se comprendiera el derecho de
accionar para buscar la solución pacífica de la cuestión en discusión y, también se sustenta esta
facultad, en el mismo artículo 73 de la Carta Fundamental, en cuanto establece el derecho a la
jurisdicción y que asegura que el conocimiento y juzgamiento de los juicios civiles y criminales le
corresponde a los tribunales establecidos en la ley, jurisdicción que sería intrascendente si no se
comprendiera, como uno de los elementos para excitar su ejercicio, el derecho a la acción que la saque
de su natural pasividad.
5. De lo que se lleva dicho, para el previniente, resulta claro que el ejercicio de la nulidad de derecho
público es un tema procesal, por lo que a su respecto operan las instituciones que a esta disciplina le
dan consistencia como una rama del derecho. En este entendido, resulta evidente considerar siempre