Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

medio de un nuevo acto de contrario imperio, propio del autocontrol inherente a su función y que se
hace efectivo en sede administrativa, el sistema nacional consulta la existencia de numerosos
procedimientos para reclamar de los actos de la administración ante ella misma, como etapa previa al
ejercicio de los recursos que permiten a los tribunales ordinarios o especiales conocer de reclamos de
los afectados por esas actuaciones.
Entre otros casos en que se agota la vía administrativa como fase anterior a una revisión jurisdiccional
de actos administrativos, se encuentran los reclamos en contra de la ilegalidad de actos municipales,
regulados por el artículo 140 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo rechazo
puede dar lugar a un recurso ante la respectiva Corte de Apelaciones; la atribución de los Directores de
Salud para dejar sin efecto las clausuras y demás medidas sanitarias resueltas en un sumario sanitario,
sin perjuicio de que la justicia ordinaria también pueda hacerlo, conociendo de las reclamaciones que se
deduzcan con arreglo a los artículos 170 y 171 del Código Sanitario; la facultad del Director del
Trabajo para dejar sin efecto o rebajar las sanciones impuestas por funcionarios de su dependencia,
mediante resoluciones fundadas, que son reclamables ante el Juez de Trabajo, en conformidad con los
artículos 481 y 482 del Código del Trabajo; el recurso de reposición ante el Superintendente respecto
de actos de la Superintendencia de Valores y Seguros, sin perjuicio del reclamo de ilegalidad que puede
interponerse ante la Corte de Apelaciones señalada, de acuerdo con los artículos 44 y siguientes del
decreto Ley Número 3.558, de 1988; el recurso de reposición ante el Superintendente para impugnar
las resoluciones o instrucciones de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, al que
puede seguir, si es denegado, una reclamación ante la Corte de Apelaciones correspondiente, según los
artículos 6 y 7 de la Ley Número 18.933; las reclamaciones de oposición a una concesión de servicios
de telecomunicaciones, que son conocidas y resueltas por el Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, pero su decisión es reclamable, a su vez, para ante la Corte de Apelaciones
nombrada, en el plazo y condiciones señaladas en el artículo 13 a) de la Ley General de
Telecomunicaciones, etcétera.
El conocimiento y resolución de reclamos de contribuyentes y de las denuncias que los afecten por
infracciones a las leyes tributarias, al estar a cargo de los Directores Regionales de Impuestos Internos,
que carecen de los caracteres y atributos inseparables del ejercicio de la jurisdicción, puede
conceptuarse como una fase de revisión administrativa de las actuaciones en que inciden tales reclamos
y denuncias, a despecho de que esas jefaturas figuren entre los tribunales que señala el Libro III del
Código Tributario y a pesar de que ella pueda preceder a la intervención de las Cortes de Apelaciones
en la materia, a través de la apelación que concede el artículo 120 del mismo cuerpo de leyes.
En estas condiciones, cabe reconocer que las disposiciones de los artículos 116 del Código Tributario y
20 del Estatuto Orgánico de Impuestos Internos, que permiten a los Directores Regionales autorizar a
funcionarios del Servicio para resolver determinadas materias o para hacer uso de sus atribuciones,
actuando “por orden del Director Regional”, no pueden merecer reproche de inconstitucionalidad, pese
a que esas autorizaciones se refieran específicamente al conocimiento de reclamaciones de
contribuyentes o denuncias en contra de éstos por infracciones a las leyes tributarias.
Como, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, la resolución de dichas reclamaciones y denuncias no
pertenece al dominio de la función jurisdiccional, no podría objetarse la legitimidad de su traspaso a
otros funcionarios de la Dirección Regional, en la medida que esta modalidad no solamente está
permitida por las referidas disposiciones del Código Tributario y de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, sino que ella se conforma con las prescripciones del artículo 41 del texto de la Ley
Orgánica Constitucional Número 18.575, sobre delegación del ejercicio de facultades y atribuciones.
En apoyo de este criterio, incluso puede añadirse que tal autorización para actuar por orden del Director
Regional, se encuadra más en la figura prevista en el inciso final de esta norma que en una delegación
de facultades propiamente tal, teniendo presente que en ella la autorización ni siquiera modifica la
responsabilidad del delegante, a diferencia de la delegación normal de facultades, según lo dice la letra
d) del mismo precepto, lo que corroboraría que tal traspaso de funciones no está viciado de