Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

En la especie, lo que interesa para decidir el tema actualmente en discusión, es si el demandante tiene o
no legitimación para actuar en la presente causa. Al respecto, debe señalarse que como consecuencia
del Estado de Derecho, se reconoce a todo particular un derecho público subjetivo a vivir bajo el
imperio de la ley, prerrogativa ésta que se deriva de la obligación constitucional que tiene todo órgano
del Estado de actuar en conformidad a la Constitución y a las normas dictadas de acuerdo a ella y, para
asegurar lo anterior, se confiere, consecuencialmente, un poder jurídico para exigir la observancia de
ese deber, cada vez que no sea respetado, facultad que se ejerce a través de diversos instrumentos
jurídicos, uno de los cuales es precisamente la acción de nulidad de derecho público, amparándose ésta
fundamentalmente en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que:
“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley.
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de
circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan
conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la
ley señale”.
En concepto de esta Corte, la legitimación activa del actor, esto es, la pretensión de obtener una
decisión jurisdiccional respecto de la vulneración de los derechos atribuidos al Instituto de Salud
Pública de Chile, se encuentra fundamentada en lo que dispone la Constitución Política de la
República, en su artículo 19 número 1, que asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la
integridad física y psíquica. La ley a su vez, protege la vida del que está por nacer, norma que se
encuentra establecida, en el grado de cautela, en el artículo 75 del Código Civil. Así, el derecho para
tutelar la vida de los seres que se encuentran en etapa de gestación, alcanza también en este caso al
actor, puesto que, perteneciendo a un cuerpo intermedio con personalidad jurídica, que propende a la
defensa, protección, cuidado, preservación y desarrollo del pleno derecho a la vida desde el momento
mismo de la concepción, dicha condición jurídica le permite legítimamente accionar en defensa de
bienes jurídicos. En este sentido, el ejercicio de tal nulidad se legitima además, para el recurrente en la
norma del artículo 19 número 3 inciso 1 de la misma Carta Fundamental, y a mayor abundamiento
dentro del amplio concepto del derecho de petición que se asegura de manera tan amplia en el número
14 del mismo artículo 19. Esta conclusión afirma, frente a la pretensión de ineficacia que se sustenta, el
poder del actor para acceder a la justicia, cuando se trate de la afectación de sus derechos o para
demandar, como lo sostiene Fiamma, “el derecho a vivir bajo el imperio de la ley” (acción
constitucional de nulidad y legitimación activa objetiva, Gaceta Jurídica 1990 Número 123, páginas 7 a
13).
Por lo reflexionado precedentemente, esta Corte concluye que el demandante de autos ha podido
accionar para obtener, por esta vía de nulidad de derecho público, su pretensión para la prohibición de
registro y posterior venta del fármaco de que se trata, sin que ello signifique necesariamente que su
demanda deba prosperar, pues son cosas diferentes, el derecho a la acción, y el que ésta sea acogida en
la sentencia definitiva.
En la especie, el actor, por las razones dadas, tuvo derecho a deducir la acción de derecho público de
que se trata, legitimación que deviene de las normas constitucionales y legales antes indicadas.
Por lo expuesto, la sentencia impugnada, al revocar la de primer grado, haciéndose eco del
planteamiento del demandado, acogiendo la excepción perentoria de falta de legitimación activa del
demandante de estos autos vulneró, principalmente, el artículo 7 de la Constitución Política de la
República y las otras disposiciones de derecho que se han señalado al respecto, con lo cual ha incurrido
en un error de derecho que habilitaría para dar lugar al recurso por este motivo.
Sin embargo, es del caso considerar que la sentencia recurrida, además de negar la legitimación para
accionar de la parte demandante, desestimó la demanda porque consideró que no concurrían los
supuestos necesarios para aceptar la pretensión de nulidad de derecho público invocada. Es decir, entró