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negó lugar a la segunda incidencia de nulidad planteada y confirmada por la Ilustrísima Corte, como
precedentemente se consignara, el banco acreedor le negó toda posibilidad de avenimiento en la causa.
Es necesario señalar que el recurrente le atribuye a la sentencia señalada, efectos distintos de los que
ella contempla expresamente, efectos que por lo demás aparecen ratificados por las resoluciones
posteriores, en que se precisa el alcance de lo anulado en autos por aquella resolución a la que el
recurrente acude para fundar la presente casación en la forma, por lo que entre esa decisión y la
sentencia definitiva que se impugna, evidentemente no aparece que se esté frente a la institución de
cosa juzgada, porque para alegar la causal de casación formal del número 6 del artículo 768 del Código
de Procedimiento Civil, debería el fallo recurrido, haber desconocido el otro anterior, que produce los
efectos de cosa juzgada, esto es que concurra la triple identidad (de sujeto, objeto y causa de pedir), lo
que obviamente no existe entre ambos pronunciamientos, por lo que será rechazado el recurso de
casación.
Se ha presentado la parte ejecutante, deduciendo demanda ejecutiva en contra del ejecutado,
manifestando que el ejecutante le otorgó un crédito, mediante pagaré reajustable en cuotas tasa fija
número señalado suscrito por el deudor con fecha 10 de marzo de 1998 ante Notario Público, por un
monto original que se señala. Agrega que dicha deuda asciende a la cantidad indicada, equivalentes al
23 de marzo de 2001 a la suma que señala. Sostuvo que de acuerdo al pagaré el deudor se comprometió
a pagar la cantidad en pesos equivalentes a la suma indicada, más los intereses del 8% anual en 10
cuotas por las sumas indicadas en el pagaré, venciendo la primera de ellas el 10 de marzo de 1999 y la
última el 10 de marzo de 2008, añadiendo que en el caso de no pago oportuno de una o más cuotas de
la obligación, el deudor se obligó a pagar intereses penales del máximo convencional a las tasas
vigentes durante el retardo, constituyendo domicilio en la comuna señalada, liberando al demandante
de la obligación de protesto, agregando que el impuesto de Timbres y Estampillas fue enterado en
Tesorería mediante ingreso en dinero, conforme al artículo número 2 y 3 del Decreto con Fuerza de
Ley 3.475 de 1980, siendo la deuda plenamente exigible, líquida y su acción no está prescrita.
Finalmente y previas citas legales solicitó tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra del
ejecutado, ya individualizado, admitirla a tramitación y ordenar se despache mandamiento de ejecución
y embargo en su contra por el equivalente en pesos a la suma indicada, más intereses y costas, bajo el
apercibimiento de embargársele bienes suficientes y continuar con la ejecución hasta obtener el pago
total de la deuda.
El ejecutado se opuso a la ejecución, manifestando que el banco ejecutante demanda al ejecutado el
pago de una deuda de la suma que indica, equivalentes a la suma que señala, la cual debería ser pagada
en diez cuotas, venciendo la primera de ellas el 10 de marzo de 1999 y la última el 10 de marzo de
2008, señalando que es efectivo que el ejecutado recibió el préstamo aludido y que se le otorgó a diez
años plazo, hecho que no se señala en la demanda, añadiendo que no entiende porqué el banco
demanda ahora el pago de la deuda en circunstancias que se pactó a diez años, agregando que tampoco
expresa la demanda si el ejecutado dejó de pagar alguna de las diez cuotas, sosteniendo que pagó
completamente las dos primeras cuotas anuales y abonó la tercera. Añade que las siete restantes aún no
vencen y que el actor no hace efectiva cláusula de aceleración alguna ni expresa si existe morosidad en
el servicio de la deuda, por lo que opone las excepciones contempladas en los números 4, 7, 9 y 11 del
artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.
Señaló que la excepción de ineptitud del libelo la fundamenta en que la demanda no contiene una
explicación de los hechos, conforme al artículo 254 del mismo Código, que hagan entendible por qué
razón se cobra toda la deuda sin expresar si existe morosidad quedando el ejecutado en la indefensión.
La excepción de falta de requisitos para que el título sea ejecutivo la fundamenta en que para que se
pueda despachar el mandamiento, la obligación debe ser exigible y la de autos está sujeta a un plazo de
diez años.
En cuanto al pago de la deuda, sostuvo que el ejecutado pagó íntegramente las dos primeras cuotas y
abonó oportunamente la tercera.