Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

Facultades Funcionarios Dirección del Trabajo, Multas. Dirección del Trabajo, Fiscalización.
Fiscalización Dirección del Trabajo, Multas. Multa Dirección del Trabajo, Infracción Fuero Laboral.
Infracción Fuero Laboral, Efectos. Infracción Fuero Laboral, Multa Dirección del Trabajo
EXTRACTO= El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u
omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los
derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del
órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para
restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
Conforme a lo expuesto en el libelo y en el alegato efectuado en estrados por el abogado de la
recurrente, se cuestiona la fiscalización practicada por un funcionario de la Inspección del trabajo y la
posterior aplicación de multas, considerándose que con tales actuaciones el recurrido se ha arrogado
facultades que no son de su competencia, en términos que se llega a vulnerar lo dispuesto en el inciso
cuarto del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, el derecho de la recurrente a no
ser juzgada por comisiones especiales, como también lo previsto en el número 16 de dicho artículo,
vale decir, el derecho a la libre contratación en materia laboral.
Respecto de la primera de las garantías mencionadas, aduce el recurrente que suscitado un conflicto
derivado de la relación laboral habida con su ex trabajadora, la nombrada, el órgano natural llamado a
pronunciarse era el Juzgado del Trabajo competente, y no la Dirección del Trabajo, quien se halla
limitada en su facultades por lo previsto en los artículo 474 y 476 del Código del Trabajo. Así,
considera que el acto administrativo ejecutado por el fiscalizador recurrido supone pronunciarse sobre
la procedencia del despido de una trabajadora que goza de fuero, calificando jurídicamente hechos
relacionados con el contrato de trabajo.
En cuanto a la segunda de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, argumenta el
recurrente que con la trabajadora nombrada convino un contrato de trabajo a plazo fijo, hasta el 7 de
marzo de 2007, pero como ella abandonó sus labores el 22 de noviembre de 2006, incurrió en una
causal de terminación que le era imputable. Luego, si el contrato había terminado por esa causal, sin
que le hubiere dado noticia a su parte del estado de embarazo, considera que pudo ejercer las facultades
conferidas por el contrato de trabajo y poner término al mismo, por lo que la actuación del fiscalizador,
denunciada mediante este recurso, perturba el derecho a la libre contratación, ya que pretende
imponerle la obligación de reincorporarla al trabajo y prolongar inadecuadamente los efectos de un
contrato no vigente.
De los antecedentes allegados al proceso, esto es, documentos rolantes, consta que con fecha 21 de
noviembre de 2006 la Inspección del Trabajo de esta ciudad dio inicio a una fiscalización a la empresa
recurrente, actuando a solicitud de la trabajadora nombrada, por haberse producido su separación de
funciones encontrándose con fuero maternal. Consta que tal fiscalización concluyó con la aplicación de
sendas multas al empleador, por las diversas infracciones a la legislación laboral que fueron
constatadas por el funcionario actuante, quien para estos efectos actúa como ministro de fe, de
conformidad a lo previsto en el artículo 474 del Código del Trabajo.
Así entonces, la fiscalización y aplicación de multas por el ente administrativo, corresponde a un
cometido realizado en uso de sus facultades legales, puesto que se ajusta a lo que al efecto establecen
los artículos 476 y siguientes del Código del Trabajo, el Decreto con Fuerza de Ley Número 2 de 1967
y la Ley 19.880, toda vez que no han sido desconocidos por el recurrente los hechos esenciales que
sustentaron la fiscalización, esto es, la relación laboral que existía con la trabajadora nombrada. En este
mismo sentido, cabe también considerar que la Dirección del Trabajo constituye una instancia
administrativa creada para velar por el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo actuar cuando es
requerida su intervención, como fue precisamente lo que aconteció con la fiscalización llevada a cabo a
solicitud de una trabajadora de la recurrente.
Por ende, no es posible sostener que el recurrido se haya arrogado facultades jurisdiccionales, pues
actuó en el ámbito de su competencia y al amparo de atribuciones conferidas por la ley, por lo que no