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concesionaria sanitaria le impone la ley, pero no puede responder cuando se trata de situaciones de
fuerza mayor, desperfectos causados por el mal uso o ejecución defectuosa de la instalación
domiciliaria no imputable a la empresa.
Si bien lo anterior es efectivo en cuanto no se responde de situaciones de fuerza mayor o actos u
omisiones de terceros, lo cierto es que la recurrida en su calidad de concesionaria del servicio de agua
potable y recolectora de aguas servidas de la localidad mencionada, cuestión no discutida en autos, no
sólo tiene derecho a cobrar por la prestación de sus servicios, sino que también tiene obligaciones, y la
principal de ellas está contemplada en el artículo 36 bis del Decreto con Fuerza de Ley 382, que es
mantener el nivel de calidad de la atención de usuarios y prestación de servicios. Dicho nivel
obviamente ha sido sobrepasado por los episodios frecuentes de emanaciones de gas sulfhídrico que se
denuncian en la acción cautelar, los que por cierto no son desconocidos de la concesionaria, la que ha
sido notificada de su existencia.
La eventual responsabilidad que pudiere corresponderle a los usuarios que tienen establecimientos
industriales en la avenida nombrada, como se insinúa en el informe emitido por la recurrida, no es un
antecedente válido para eximirla de responsabilidad en la mantención de las redes de alcantarillados, ya
que la normativa legal vigente le entrega a la prestadora de servicios sanitarios suficientes facultades
fiscalizadoras, si el artículo 45 del señalado Decreto con Fuerza de Ley, prohíbe a los usuarios del
servicio de alcantarillado de aguas servidas, descargar a las redes sustancias que puedan dañar los
sistemas de recolección o interferir en el proceso de tratamiento de dichas aguas. La fiscalización del
cumplimiento de dicha norma está entregada por el prestador del servicio de recolección, esto es, por la
recurrida, incluso, está facultada para suspender la prestación del servicio.
Las eventuales medidas que pueda haber tomado la recurrida para lograr un mejoramiento en la
infraestructura de la red de alcantarillado, en cumplimiento de la actividad de servicio público que
desarrolla, de existir, han resultado del todo insuficientes ante la fuerza de los hechos hasta ahora
acaecidos, pues lo cierto es que las emanaciones continúan.
De conformidad al Informe Técnico de Emergencias Químicas, denunciadas en la presente acción
cautelar, elaborado por Bomberos, entrega una pormenorizada descripción de las características y
origen de las emanaciones que salen de las cámaras de alcantarillado de la avenida nombrada y que los
desechos orgánicos y aguas de lavado de los diversos establecimientos caen directamente al sistema de
alcantarillado, concluyendo que hay un alto riesgo de condición subestandar, en caso de producirse una
gran acumulación de gas proveniente de la descomposición de la materia orgánica, señalando
específicamente que el riesgo se hace más evidente por la repetición de los episodios, y apunta
fundamentalmente a las personas que transitan por la avenida ya mencionada, recomendando varias
acciones para evitar tales emanaciones, lo que motivó actuaciones de diversas autoridades de la Región,
entre otras de la Directora de Protección Civil y Emergencia de la Región, que recomienda a la
recurrida que todos los días lunes realice el lavado y limpieza de las alcantarillas.
De lo anterior fluye con evidencia que las emanaciones de ácido sulfhídrico de las cámaras de
alcantarillado de la avenida nombrada, en la localidad mencionada, son producto de la existencia de
desechos tóxicos en el sistema de alcantarillado público que recorre dicha arteria, cuyo cuidado y
fiscalización del mismo está entregado a la recurrida, la que por disposición legal debe velar por
mantener un nivel de calidad en sus instalaciones, precisamente, a fin de evitar, las emanaciones que se
han descrito. Esta obligación se traduce, por un lado, en efectuar una constante y permanente
mantención y limpieza de las cámaras, a fin de mantener el nivel ya indicado y, por el otro, fiscalizar
adecuadamente a los usuarios del sistema, para evitar que baje el nivel de calidad del mismo, teniendo
las atribuciones suficientes para ejercer dicha fiscalización en términos de sancionar a los responsables,
sin que en estos antecedentes se haya demostrado, de una manera cierta y categórica, el cumplimiento
de la referida obligación.
Los derechos fundamentales conculcados con los hechos materia de este recurso, según la recurrente,
serían el derecho a la vida e integridad física y síquica de las personas; el derecho a vivir en un