Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

trabajo, “ahora con un nuevo contratista”, tal afirmación confirmaría lo sostenido por la demandada
principal, en las cartas de desahucio enviada a los actores, en el sentido de que se interrumpió la cadena
tripartita, municipalidad concesionario actores, al ser reemplazado el eslabón central, por un tercero,
ajeno al juicio; d) la afirmación de los actores de no haber tenido conocimiento que su trabajo
terminaría, al terminar la relación entre las demandadas de autos, no aparece verosímil, tanto porque los
llamados a licitación se publican en la prensa local, cuanto por los varios períodos de concesión que
llevan trabajando los actores.
A mayor abundamiento, cabe tener presente que, en la especie, no procede aplicar la responsabilidad
subsidiaria del artículo 64 del Código del Trabajo, en que los actores fundan su acción contra la
municipalidad, tanto porque ésta no aparece como dueña de ninguna obra, empresa o faena, cuanto
porque la demandada principal no tiene carácter de contratista de aquellas actividades. Entre la
municipalidad y la demandada principal no existe un contrato celebrado de conformidad al Derecho
Privado, existe una convención híbrida, sujeta a lo establecido en los artículos 43 a 45 de la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, según los cuales “Las municipalidades se regirán por las
normas sobre administración financiera del Estado”, quedando sujetas al control y fiscalización de la
Contraloría General de la República. De acuerdo a tales disposiciones y en conformidad a los artículos
3 d), 6, 7, 10, 13, 21, 23 y 56 de la citada Ley Orgánica, la relación entre la municipalidad demandada y
la concesionaria, también demandada, se originó en el “Llamado a Licitación Pública”, cuyo aviso rola,
luego se fijaron por Decretos Alcaldicios, las Bases Generales y Especiales, conforme a los cuales, el
concesionario favorecido con la licitación, debió suscribir el contrato de adhesión, presentado por la
municipalidad, en el que se establecía que el personal contratado por el concesionario, en ningún caso
tendría relación laboral con la municipalidad.
La demandada principal y la municipalidad celebraron el 5 de enero de 1999 un contrato de concesión
de servicio a la comunidad para el “Servicio de mantención, aseo domiciliario, vías urbanas, ferias y
ornamentación áreas verdes”, que se adjudicó a la demandada por propuesta pública que establecía las
bases administrativas y especiales, especificaciones técnicas y otros, formando tales antecedentes parte
del contrato, así como la propuesta de la contratista, como consta del contrato que se acompañó.
De acuerdo con las bases administrativas especiales, en su acápite “Del contrato”, punto 4.1, el contrato
“tendrá una duración de 24 meses”, esto es, desde el primero de enero de 1999 al 31 de diciembre de
2000.
El primero de agosto de 2000, ambas partes contratantes suscribieron un anexo de contrato,
modificando el de 5 de enero de 1999, pasando a formar parte de éste, incorporándose trabajos que no
se contemplaban en el contrato primitivo, modificándose el precio a pagar por la municipalidad a la
contratista, Impuesto al Valor Agregado incluido; el 31 de agosto de 2000 las partes contratantes
suscribieron un denominado anexo de anexo de contrato, que pasó a formar parte del anexo de primero
de agosto de 2000 y del contrato primitivo, por el cual se incorporaron trabajos y servicios antes no
contemplados, reajustándose el precio a pagar por la municipalidad Impuesto al Valor Agregado
incluido
Para dar cumplimiento al contrato de concesión y sus anexos, la contratista celebró contratos de trabajo
con los 8 demandantes, de los cuales consta que su trabajo sería la mantención de áreas verdes, ornato y
otras labores similares, aseo, barrido y ornamentación de calles, de duración indefinida.
Atendido que la concesión entre la demandada principal y la municipalidad duraba hasta el 31 de
diciembre de 2000, la contratista dio aviso de despido a los trabajadores demandantes, poniendo fin a
sus servicios desde esa fecha, invocando como causal la contemplada en el número 5 del artículo 159
del Código del Trabajo, esto es, por la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
La parte demandante impugna la causal de despido que se ha invocado, pues aunque en los contratos de
trabajo con la contratista se establecen cuales serán las funciones de los trabajadores, en este caso, de la
especie de algunos de los estipulados en la concesión, sin embargo, tales contratos eran de carácter
indefinido, y no terminaban por conclusión del trabajo o servicio de la concesión, por lo que a los