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Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen
en su parte dispositiva las de otros tribunales, de acuerdo con el artículo 170 número 4 del Código de
Procedimiento Civil, en relación con los números 5 y 6 del Auto Acordado de esta Corte de 30 de
septiembre de 1920, deben contener las consideraciones de hecho o de derecho que les sirven de
fundamento, exigencia que este tribunal ha estimado reiteradamente que tiene por fin la fijación de los
antecedentes en que se funda, de modo de dejar a las partes en situación de promover los recursos que
resulten conducentes y de garantizar la legalidad de los fallos.
En la especie, el fallo recurrido no cumple con este requisito, toda vez que la Corte de Apelaciones, al
confirmar sin modificaciones el fallo de primer grado y acoger la demanda, hizo suyos fundamentos
confusos o incongruentes, que no cumplen con el requisito formal, reiteradamente sostenido por este
tribunal, de que las consideraciones de hecho y de derecho del fallo deben estar formuladas de modo
que de ellas se desprendan lógicamente las decisiones de su parte dispositiva. Este principio no se ha
observado por la resolución recurrida, porque luego de aludir a que el contrato había terminado por
cumplimiento de plazo, agrega en el motivo tercero que “sin perjuicio de los hechos antes señalados, se
demuestra la existencia del contrato de arriendo” sin hacer consideración alguna respecto de los hechos
en que se funda esa inferencia, quedando oscuro, además, si se refería al contrato original o a un nuevo
contrato, como alegaba la demandada; y, si alude a un nuevo contrato que habría empezado a regir el 1
de enero de 1999, tal fundamento es contradictorio con el consignado en su motivación séptima, en que
se afirma que las partes habrían convenido en perseverar en el arrendamiento luego de vencido el
plazo, para lo cual se invoca el inciso tercero del artículo 1956 del Código Civil. Finalmente, se afirmó
en la motivación quinta que “consta del contrato” que las partes renovaron el arrendamiento por mutuo
acuerdo, sin que este tribunal pueda advertir cuál es el contrato en que constaría tal renovación.
La oscuridad y contradicciones de los argumentos privan a la sentencia de fundamentos, lo que lleva a
concluir que el fallo no cumple con la exigencia anotada del número 4 del artículo 170 del Código de
Procedimiento Civil. Constituyendo tal vicio una causal de casación en la forma de conformidad con lo
dispuesto en el número 5 del artículo 768 y, teniendo presente la facultad conferida por el artículo 775,
se invalidará de oficio la sentencia recurrida.
II Sentencia de Reemplazo: El instrumento privado referido, del cuaderno de medida prejudicial tenido
a la vista, no objetado y apreciado de conformidad con las reglas de la sana crítica, según dispone el
artículo 8 número 7 de la ley Número 18.101, hace plena prueba para establecer que la demandante,
con fecha 1 de julio de 1996, celebró con el demandado, que no es parte en este juicio, un contrato por
el cual éste recibió en arrendamiento el local comercial individualizado, pactándose la renta mensual en
33,8 unidades de fomento, pagadera el primer día hábil del mes.
De conformidad con lo pactado en la cláusula cuarta, el contrato empezaba a regir el 1 de enero de
1997 y terminaba el 31 de diciembre de 1998, “no procediendo prórroga a menos que ambas partes
declararan su intención expresa de renovarlo y firmaran antes del vencimiento del plazo final de este
contrato”.
La demandada se constituyó en codeudor solidario de las obligaciones contraídas por el arrendatario,
“aceptando desde luego los plazos, prórrogas y modificaciones del contrato que puedan introducirse
por las partes, especialmente las variaciones en la renta de arrendamiento” (cláusula decimoctava).
La testimonial de la parte demandante, consistente en las declaraciones de dos testigos, también
apreciada de acuerdo con las normas de la sana crítica, hace prueba completa para establecer que el
arrendatario continuó ocupando el inmueble después del 31 de diciembre de 1998.
No se ha probado que a su vencimiento el contrato haya sido prorrogado observando las formalidades
convenidas en la cláusula cuarta y no se ha disputado que el arrendatario continuó pagando la renta por
algunos meses con posterioridad a la fecha convencional de terminación.
Consta de la certificación referida que el 10 de junio de 2002 se hizo entrega a la actora del inmueble
por medio de receptor judicial.
Para resolver si la demandada está obligada al pago de las rentas demandadas resulta necesario