Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

eponiéndolo al estado de formular cargos, lo que se hace el 15 de abril de 2005, con fecha 5 de mayo
el recurrente sumariado presenta descargos, pide el sobreseimiento y solicita período de prueba,
accediéndose en esta última parte. Con fecha 9 de agosto de 2005 la fiscal propone la medida
disciplinaria de destitución y el Alcalde de la municipalidad recurrida por decreto de 21 de agosto le
aplica dicha medida, rechazando posteriormente la reposición pedida por el funcionario sancionado.
6. La Contraloría Regional con fecha 9 de mayo de 2006 registra el decreto alcaldicio indicado, antes
mencionado, con observaciones, por no ajustarse a derecho, señalando que resulta procedente
invalidarlo, dejando sin efecto la sanción impuesta al no encontrarse fehacientemente acreditados los
cargos, disponiéndose la reapertura del sumario, lo que el Alcalde recurrido hace el 14 de junio de
2006, procediendo a la reapertura del sumario.
7. Con fecha 13 de octubre de 2006, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 18.883,
por decreto referido se suspende de funciones al recurrente, lo que se le notifica por carta certificada, el
17 de dicho mes y año.
El 31 de octubre de 2006 se declara cerrado el sumario; con fecha 8 de noviembre se formulan cargos y
el 7 de diciembre se deja constancia que no hizo descargos; el día 26 de diciembre del año próximo
pasado la fiscal propone la medida disciplinaria de destitución, sanción que aplica el Alcalde recurrido
mediante decreto de 28 de diciembre de 2006, negándose nuevamente la reposición impetrada por el
sumariado, la que fue presentada el 15 de enero de 2007.
8. Con fecha 10 de mayo de 2001, por Decreto Alcaldicio señalado se ordena instruir sumario
administrativo para averiguar la responsabilidad administrativa que pudiera corresponderle, entre otros,
al recurrente, designándose fiscal a la mencionada. Con fecha 21 de junio se le suspende de su cargo.
Por renuncia de la Fiscal a su cargo municipal, se nombra un nuevo fiscal recayendo el nombramiento
en la nombrada y luego el 3 de abril de 2003 se nombra a la indicada.
Con fecha 28 de julio de 2003 se dicta el Decreto Alcaldicio indicado, destituyendo al recurrente,
negando lugar a la reposición que solicitó el sancionado.
9. Con fecha 31 de diciembre de 2003 se formulan nuevamente cargos y el 11 de enero de 2006 se dicta
el Decreto Alcaldicio singularizado, mediante el cual se destituye al recurrente y el 11 de abril de ese
año se certifica que el sumariado no presentó recurso de reposición.
En cuanto a la extemporaneidad alegada, en forma previa por el recurrido, éste la hace consistir en la
circunstancia que se recurre en contra de un sumario incoado el año 2001, sin embargo el recurrente
dice que lo hace luego de ser notificado del dictamen de Contraloría, el 12 de octubre de 2006 y
atendido a la falta de imperio de ese organismo, aduciendo que no se ha dado cumplimiento a lo
ordenado por el órgano contralor, “manteniéndosele alejado hasta la fecha de sus derechos
constitucionales”. Es decir, el recurrente presenta esta acción cautelar el 19 de octubre de 2006 y fija
como hecho agraviante la circunstancia que lo resuelto por el órgano contralor el día 12 de ese mes no
podrá ser cumplido.
El tribunal tomando en cuenta lo antes referido, rechazará la pretendida extemporaneidad del recurso.
En cuanto a la omisión de señalar las garantías constitucionales amagadas, si bien la redacción del
recurso adolece de impropiedades, de su simple lectura emana que las garantías perturbadas son las
consignadas en los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante
la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, por lo que no se accederá a la petición de
declarar inadmisible el recurso por la omisión en señalar las garantías que se dicen conculcadas.
Cabe señalar, sin embargo, que en el recurso no expone de qué forma se ha producido la perturbación
para conculcar las garantías establecidas en los números 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución, no
así respecto al derecho de propiedad, que lo relaciona con la propiedad de su cargo.
Resulta fundamental establecer, en consecuencia, con claridad meridiana que es lo que se pide en el
recurso:
1. En el cuerpo del recurso se dice “En lo inmediato solicito se disponga las cancelaciones de
remuneraciones adeudadas y el pago normal de mis remuneraciones venideras con cancelación de mis