Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

pública de 22 de enero de 1981, se estableció una cláusula de aceleración que permitía, ante el no pago
de las cuotas acordadas en la forma allí estipulada, considerar vencido el plazo de la deuda, si se
retardaba el pago de cualquier dividendo más de diez días. Luego, agrega, estimándose la obligación
como de plazo vencido en el mes de julio de 1985, la deuda es exigible desde esa fecha. La demanda de
autos se dedujo en el mes de mayo de 1986, habiéndose recién notificado a su parte el 17 de agosto de
1995; luego, ha transcurrido en exceso el plazo de tres años, encontrándose prescrita la acción ejecutiva
y también la ordinaria. En subsidio, opuso la excepción de prescripción respecto de 84 cuotas de las 90
cuotas de saldo insoluto cobrado.
El fallo que se ha dictado en autos, esto es la sentencia de reemplazo emitida por Corte de Apelaciones,
estableció en el considerando cuarto que al haberse hecho exigible la totalidad del saldo de la deuda el
día 16 de mayo de 1986, oportunidad en que el acreedor ejerció en su favor la cláusula de aceleración,
al 17 de agosto de 1995 en que fue notificada la demanda ejecutiva de autos, habían transcurrido y en
exceso los tres años, para el vencimiento del plazo de prescripción de la acción ejecutiva hipotecaria,
corresponde declarar prescrita dicha acción, de ochenta y cuatro cuotas de dividendos que comprende
el período de los meses que median entre julio de 1985 y julio de 1992, quedando vigentes las cuotas
de los seis últimos dividendos impagos.
En el caso resultaba esencial que los jueces hubieren señalado las razones por las que estimaban que
acogían la prescripción respecto de únicamente 84 cuotas y dejaban vigentes las cuotas de los últimos 6
dividendos impagos, dado que el razonamiento que ha sido reproducido sólo sería fundamento para
acoger la excepción respecto del total de la deuda.
En las condiciones indicadas el fallo impugnado ha incurrido en el vicio formal contemplado en el
artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el número 4 del artículo 170
del mismo Código, puesto que carece de las consideraciones que le sirven de fundamento para resolver
de la manera que lo hicieron.
Pueden los jueces, conociendo, entre otros medios, por vía de casación, invalidar de oficio las
sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a
la casación en la forma, sin otra exigencia que la de escuchar sobre el particular a los abogados que
comparezcan en la vista de la causa, lo que en la especie no pudo ocurrir toda vez que éstos no
concurrieron a estrados.
II Sentencia de Reemplazo: La parte ejecutante interpone demanda en juicio especial hipotecario en
contra de la ejecutada, la que funda en que por escritura pública de 22 de enero de 1981, celebrada ante
Notario Público, el banco mutuante, actualmente en liquidación, el cual cedió sus derechos al
ejecutante, otorgó a la demandada un préstamo de dinero en letras de crédito hipotecario por 1.050
Unidades de Fomento, y con el objeto de caucionar el referido crédito, la demandada constituyó
primera hipoteca en favor del banco mutuante sobre el inmueble señalado, que se encuentra inscrito en
el Registro de Hipotecas del año 1981 del Conservador de Bienes Raíces y cuyo dominio se encuentra
inscrito en el Registro de Propiedad del año 1981 del citado Conservador; en la citada escritura se pactó
que la mora o simple retardo del deudor en el pago de cualquiera de las cuotas allí señaladas haría
exigible el total de la deuda con un interés penal igual al máximo que la ley permite estimular,
calculado desde el día siguiente en que debió pagarse el dividendo y el día de su solución efectiva;
agrega que en este caso la deudora no ha pagado las cuotas desde el mes de julio de 1985, razón por la
cual se ha hecho exigible el saldo de la deuda que asciende a 1.017 Unidades de Fomento, equivalentes
a $3.064.994 al 7 de mayo de 1986, más reajustes, intereses y costas; solicita que se requiera de pago a
la demandada, para que en el plazo de diez días pague al banco ejecutante el equivalente en moneda
corriente a 1.017 Unidades de Fomento, según el valor que ellas tengan al día de pago, más intereses y
costas, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera dentro de diez días, se procederá a rematar en
subasta pública el inmueble hipotecado, designándose depositario definitivo al demandado. Se decretó
el remate de la propiedad.
El apoderado de la demandada, opuso al remate la excepción de prescripción prevista en el número 2