Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

del proceso, facultándosele incluso para actuar de oficio, no es menos cierto que ese rol no es absoluto,
de modo que las partes no se encuentran liberadas de su obligación de actuar hasta el término del
proceso, en favor del logro de la seguridad jurídica tan necesaria para los propios litigantes y la
sociedad, en general. Así, los jueces de la instancia decidieron acoger la solicitud de abandono de
procedimiento formulada por la demandada, con costas.
Como premisa necesaria para el examen del presente recurso, ha de asentarse que esta Corte, en
doctrina reiterada ha determinado la procedencia en las causas del trabajo del instituto procesal del
abandono de procedimiento, que se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, la controversia pasa por determinar el titular del impulso procesal en la especie,
habida consideración de la etapa en la que se encontraba el presente juicio
El artículo 434 del Código del Trabajo, en lo pertinente, prevé “la sentencia definitiva de primera
instancia se notificará por cédula”. Este tipo de notificación, por expresa disposición del inciso tercero
de la norma anterior, se “practicará por un receptor o por un empleado del respectivo tribunal,
designado para ello por el juez de oficio o a petición de parte”. Estas normas procesales deben
armonizarse necesariamente con el artículo 426 del mismo texto legal, el cual contempla la aplicación
supletoria de las disposiciones de los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, entre las que se
encuentran sus artículos 152 y siguientes, reguladoras de la institución del abandono del procedimiento.
A su vez, el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil establece: “El procedimiento se entiende
abandonado cuando todas las partes que figuren en el juicio han cesado en su prosecución durante seis
meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en gestión útil para dar curso progresivo
a los autos. Tal disposición se orienta a sancionar al litigante negligente que se mantiene inactivo por
determinado tiempo, con las solas excepciones que las mismas normas prevén expresamente. Sanción
establecida a propósito del perjuicio que puede causar a la administración de justicia el desinterés de
quien ha puesto en ejercicio la actividad jurisdiccional.
Del examen de los antecedentes de autos se desprende que la causa se encontraba en etapa de sentencia,
la que fue dictada con fecha 16 de enero de dos mil tres, sin quedar ejecutoriada, pues se notificó
únicamente a la parte demandada, quien dedujo recurso de apelación, el que fue concedido por
resolución de veinticuatro del mismo mes y año. La siguiente gestión corresponde al escrito de 5 de
agosto de 2003, mediante el cual la actora recabó la declaración de prescripción del referido recurso de
apelación; el tribunal confirió traslado, mediante providencia de 6 de agosto, notificada por cédula a la
demandada según estampado receptorial que se lee. La solicitud de abandono del procedimiento que
por esta vía se analiza, se presentó por la parte demandada el 14 de octubre del citado año.
De todo lo antes expuesto cabe concluir que en el estado procesal de la causa, la actora se encontraba
en situación de dar curso progresivo a los autos, no siendo de responsabilidad exclusiva del tribunal
ordenar la debida notificación de la sentencia, ya que quien debió accionar es el principal interesado en
el resultado del juicio, sea para aceptarlo o para ejercer los derechos que el ordenamiento le franquea,
con miras a obtener la certeza jurídica que la decisión del conflicto busca satisfacer.
En esta materia, a despecho del principio cautelar que inspira al Derecho del Trabajo, reconocido
doctrinaria y jurisprudencialmente, no es posible extremar su aplicación en todo el ámbito procesal y
menos para obviar la vigencia de normas generales, como son las que reglamentan el instituto en
examen. Por lo tanto, es dable concluir que la carga de gestionar la tramitación del presente proceso
laboral hasta alcanzar el estado de resolución definitiva y su ejecutoria, recae también en las partes. En
efecto, como ya se dijo, ha sido el demandante quien ha debido realizar las gestiones útiles pertinentes
en orden a notificarse de la sentencia de autos, con el objeto de ejercer sus derechos si el acogimiento
parcial de la demanda le ocasionaba perjuicio o, como de hecho ocurrió, para instar por la declaración
de prescripción del recurso de apelación de la demandada, sólo que lo hizo sin advertir la falta de
notificación de la sentencia a su parte.
A lo anterior puede agregarse que ambos litigantes han estado asistidos por los letrados respectivos,
quienes poseen los conocimientos adecuados al efecto.