Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

julio de 2002, ni las cotizaciones previsionales de todo el período laborado, hechos que permiten
concluir que ha incumplido en forma grave las obligaciones que le imponen los respectivos contratos
de trabajo y por tanto, que se configura la causal de terminación del contrato de trabajo contemplada en
el número 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. Por ende, por el solo ministerio de la ley, deberá
pagarle a cada uno de los demandantes la indemnización sustitutiva a la falta de aviso previo de
despido reclamada en la demanda por los montos en ella indicados.
No habiendo acreditado su pago, deberá asimismo la demandada principal pagarle a los actores las
remuneraciones y feriados que se cobran en la demanda.
En cuanto a la responsabilidad subsidiaria que atribuyen los demandantes al segundo demandado
subsidiario y a la empresa primera demandada subsidiaria, y que es la establecida en el artículo 64 del
Código del Trabajo, se estima necesario precisar lo siguiente: La norma referida prescribe: “El dueño
de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y
previsionales que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos. También responderá
de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la
responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente”.
“En los mismos términos, el contratista será subsidiariamente responsable de las obligaciones que
afecten a los subcontratistas a favor de los trabajadores de éstos”.
El legislador ha querido referirse, al emplear en el artículo 64 del Código del ramo, las expresiones
“contratista” o “subcontratista”, a aquellas entidades que colaboran en la obtención de los fines propios
de una empresa, es decir, a las organizaciones que tienden, con su actividad, a hacer más eficiente y
expedito el logro del fin empresarial. En efecto, una unidad económica que persigue un fin productivo,
puede, en determinadas condiciones, ante la ausencia o frente a los requerimientos técnicos específicos
del mercado, precisar de la colaboración de otras organizaciones que se encuentren en situación más
adecuada y óptima de brindarla para conseguir el fin proyectado.
Los antecedentes del juicio permiten determinar que la segunda demandada subsidiaria es la dueña de
las obras denominadas “Habilitación y Construcción Rellenos Polígono, Ribera Norte” ejecutadas en la
comuna señalada, las que adjudicó a la primera demandada subsidiaria el 31 de julio de 2001, por lo
que no cabe duda que ésta es la contratista de tales obras. También acreditan que la demandada
principal, el 6 de agosto de 2001, celebró un contrato de ejecución de obras con la primera demandada
subsidiaria, y que se obligó en calidad de subcontratista a realizar las obras ya referidas y que la
primera demandada subsidiaria la facultó para contratar la mano de obra necesaria para la ejecución del
trabajo encomendado, de modo que tiene indudablemente la calidad de subcontratista en las obras
indicadas.
Lo señalado en el fundamento precedente permite concluir que la segunda demandada subsidiaria, en
su calidad de dueña de las obras referidas es subsidiariamente responsable de las obligaciones que
pesan sobre la demandada principal con sus trabajadores y que la contratista es subsidiariamente
responsable de las obligaciones que tiene la demandada principal a favor de sus trabajadores ya que la
relación contractual que mantuvieron es la de contratista y subcontratista respectivamente en las obras
ya referidas.
No es óbice para lo concluido que los actores no aparezcan en las nóminas de trabajadores que se
desempeñaron en las obras “Habilitación y Construcción Rellenos Polígono 2, Ribera Norte”, porque
es un hecho de la causa que se desempeñaron en las calidades y períodos indicados en la demanda para
la demandada principal y que eran parte importante del equipo administrativo y técnico de la empresa
que como subcontratista ejecutaba dichas obras y directamente relacionados con éstas.
Tampoco es obstáculo para lo concluido que el contrato de ejecución que suscribieron la demandada
principal y la primera demandada subsidiaria no se haya ajustado a las prescripciones contenidas en el
artículo 31 del Decreto Supremo Número 331 de Vivienda y Urbanismo, de 1975, porque no cabe a los
demandantes responsabilidad alguna en tal omisión, ni pueden sus derechos laborales perderse por tal
circunstancia.