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otorgaron esa indemnización, además de considerar la irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Agrega el recurrente que la petición contenida en la demanda, a que aluden los jueces del grado, se
refiere a “sumas” y no a “conceptos” y en seguida, analiza los puntos sometidos a la decisión del
tribunal.
La parte demandada, en segundo lugar, estima que se ha incurrido en el vicio establecido en el artículo
768 número 7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en contener la sentencia decisiones
contradictorias, las que cree advertir en el hecho que en el fallo atacado se modifica la cantidad por
concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo, pero reproduciendo íntegramente la sentencia
de primera instancia, la que fijaba una suma distinta, lo que, a su juicio, sería contradictorio e
inconciliable.
En el análisis del primer capítulo del recurso, es útil considerar que el Derecho Procesal del Trabajo,
que se contiene básicamente en las disposiciones del Libro V del Código del ramo, recoge y refleja la
naturaleza y principios que son propios del Derecho Laboral y que se orientan a proteger a los
trabajadores, tutelando sus relaciones con los empleadores de quienes dependen, con el propósito de
corregir y compensar el desequilibrio que naturalmente existe en el vínculo laboral.
El artículo 472 del Código del Trabajo concede a las Cortes de Apelaciones facultades para
pronunciarse sobre las acciones o excepciones hechas valer en el juicio que la sentencia de primer
grado ha omitido resolver, así como para fallar las cuestiones tratadas en primera instancia y sobre las
cuales la sentencia no se haya pronunciado, por ser incompatibles con lo resuelto e invalidar de oficio
el fallo apelado cuando aparezca de manifiesto que se ha faltado a un trámite que tenga carácter de
esencial o que influya en lo dispositivo de la sentencia. Estas amplias atribuciones que confieren mayor
iniciativa al tribunal de alzada en el proceso, se basan en la idea de evitar omisiones o defectos en los
fallos que puedan acarrear la anulación de juicios que corrientemente se inician por demanda de
trabajadores que estiman que sus derechos son desconocidos por los empleadores por cuya cuenta
prestan servicios dependientes.
Las potestades descritas en el motivo anterior son congruentes con las que, a su vez, otorga a todo
Tribunal del Trabajo el artículo 437 del mismo Código Laboral, al autorizarlo para corregir de oficio
los errores que observe en la tramitación del proceso y tomar las medidas que tiendan a evitar la
nulidad de los actos de procedimiento y que responden al principio más general de la trascendencia del
proceso, que inspira la regla análoga consignada en el inciso final del artículo 84 del Código de
Procedimiento Civil y que es especialmente pertinente a los juicios laborales.
El Derecho del Trabajo descansa en los contratos individuales y colectivos que celebran empleadores y
trabajadores, los que son convenciones dirigidas y reguladas por la ley mediante normas de orden
público, que reconocen a los dependientes derechos en el carácter de beneficios mínimos y les otorgan
otros directamente, imponiendo la irrenunciabilidad de ambos como noción básica esencial.
Entre las materias que regula el Código Laboral se encuentra la terminación del contrato individual de
trabajo, la que solamente puede producirse en virtud de las causales que enumeran sus artículos 159,
160 y 161, lo que permite al trabajador afectado, en el evento de que su aplicación sea injustificada,
indebida o improcedente o que no se haya invocado ninguna de ellas, recurrir al tribunal competente
para que declare la ilegitimidad del despido, en su caso, según lo previsto en el artículo 168 del mismo
texto. En tal situación, dice este precepto, el juez ordenará el pago al trabajador de las indemnizaciones
sustitutiva del aviso previo y por años de servicios a que aluden, respectivamente, el inciso cuarto del
artículo 162 y los incisos primero o segundo del artículo 163 del Código del Trabajo.
La indemnización por años de servicios es una prestación que el legislador ha establecido directamente
a favor del trabajador cuyo despido es declarado injustificado, indebido o improcedente y que, al
margen de que su monto pueda ser convenido individual o colectivamente por las partes, siempre que
sea superior al que fija el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, debe necesariamente
ser ordenada pagar por el tribunal que conoce de la demanda del trabajador despedido, con arreglo al
citado artículo 168 de este cuerpo de leyes.