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nombre de la empresa de transporte colectivo mencionada, el Secretario Regional Ministerial seguirá
entendiéndose legalmente con quienes detentan esa calidad, que son los señores nombrados, por cuanto
las autorizaciones que otorga dicho funcionario tienen un carácter precario que imposibilitan su
transferencia o transmisión; y por ello la compraventa que parece haberse efectuado entre dicha
empresa y la recurrente no produjo el cambio de los responsables del servicio indicado.
En primer lugar, cabe tener presente que en nuestro ordenamiento jurídico de los contratos nacen sólo
derechos personales, que sólo son exigibles de la respectiva contraparte.
De otro lado, las calles y caminos son bienes nacionales de uso público, por manera que su utilización
no puede ser objeto de dominio privado o apropiación. En consecuencia, la sociedad de transporte
colectivo mencionada no pudo válida y legalmente vender ni transferir derecho alguno sobre el servicio
correspondiente a la línea referida de taxis colectivos de que se trata, a que se refiere el instrumento
aludido, porque no había adquirido derecho alguno al respecto, sin perjuicio de consignar que la
cláusula segunda de la señalada convención no especifica el bien objeto de la compraventa.
La citada sociedad lo que obtuvo es su inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte
de Pasajeros, la que constituye el requisito para la prestación de servicios de transporte público de
pasajeros, conforme lo previenen los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo Número 212, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el diario oficial de 21 de noviembre de 1992.
A su turno, el artículo 4 de dicho cuerpo legal establece que las personas o entidades que inscriban
servicios en dicho Registro serán responsables de que en la prestación de éstos se cumplan todas las
leyes, reglamentos, resoluciones y normas que les sean aplicables, vigentes en el presente o que se
dicten en el futuro, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderles.
Por su parte, su artículo 8 señala que la inscripción aludida deberá solicitarse por el interesado al
Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, entendiéndose éste, para todos
los efectos, sólo con quien haya presentado la solicitud o quien le suceda.
El artículo 13 del Decreto Supremo Número 212 prescribe que verificado el cumplimiento de las
disposiciones de los artículos anteriores, el Secretario Regional Ministerial de Transportes procederá a
dictar una resolución, por medio de la cual establecerá las condiciones que deberá cumplir el servicio
para proceder a su inscripción en el Registro, otorgando el o los correspondientes certificados al
responsable del servicio, el que entre otras menciones, deberá contener, de acuerdo al artículo 14, letra
a), el nombre del responsable del servicio.
Hace presente el citado artículo 13 que esa misma resolución se deberá dictar cuando se proceda a
efectuar modificaciones a las condiciones del servicio inscrito, de conformidad al inciso primero del
artículo 15, el que, a su vez, dispone que cualquier variación en los datos incorporados al Registro
Nacional deberá comunicarse por el responsable del servicio con la debida antelación a la Secretaría
Regional Ministerial respectiva para efectos de su modificación y la entrega de un nuevo certificado en
sustitución del anterior, si el cambio dice relación con alguno de los datos contenidos en este
documento.
De lo que ha quedado dicho precedentemente aparece meridianamente claro que cuando se producen
modificaciones de las condiciones de un servicio inscrito, debe dictarse por el Secretario Regional
Ministerial de Transportes una nueva Resolución, y tales modificaciones deben comunicarse por el
responsable del servicio con la antelación necesaria a dicha autoridad para los efectos de su
modificación y entrega de un nuevo certificado en sustitución del anterior, cuando el cambio se refiere,
entre otros elementos, al nombre del responsable del servicio.
Pues bien, es un hecho indubitado que, en la especie, el responsable del servicio ante la Secretaría
Regional Ministerial de Transportes de esta región es la sociedad de transporte colectivo de pasajeros
mencionada, la que no ha solicitado la modificación de inscripción que pretende la recurrente. Es más,
a esta última, que conforme al instrumento aludido, de fecha 18 de agosto de 2003, aparece como
comodataria por el lapso de 90 años, y administradora de la línea en referencia, el 21 de septiembre de
2006, según instrumento referido, le fue revocado el mandato que se le había confiado por dicha