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“especialmente, por los artículos 1968 al 1714 del Código Civil y de otras normas especiales del mismo
Código como los artículos 18, 57, 41, 1459, 1483, 1484 y 1801; y, además, por los artículos del Código
de Procedimiento Civil 342, 346, 355, que regulan el mérito probatorio de los documentos, 383 y
siguientes relativos a la fuerza probatoria de las declaraciones de testigos; normas que son del todo
aplicables, por lo dispuesto en el artículo 148 del Código Tributario en relación con el artículo 3 del
Código de Procedimiento Civil”.
Insiste luego en la idea de que, no obstante la obligación de ponderar, fundamentar y valorizar la
prueba de autos, dando cumplimiento a las leyes reguladoras de la prueba, la sentencia omitió cumplir
tales disposiciones, sin consideraciones que lo justificaran, confirmando en parte el fallo de primer
grado.
Luego afirma que sus ingresos, al igual que sus inversiones o compras se encuentran acreditados con
las facturas, las declaraciones de impuestos, la contabilidad y el libro de compras y ventas que el
Servicio, sin fundamento, se permitió calificar de insuficiente, violando “el debido proceso y las leyes
reguladoras de la prueba”.
Finalmente, explica la forma cómo las infracciones denunciadas influyeron en lo dispositivo del fallo,
señalando que, si se hubieran aplicado “correctamente las leyes de orden público relativas a la legalidad
de las actuaciones y resoluciones del Juez Tributario, reguladoras de la prueba y normas de actuaciones
que previamente deben realizarse para liquidar”, se debió acoger el recurso de apelación, revocando el
fallo de primer grado y dando lugar al reclamo en todas sus partes.
De lo relacionado, queda en evidencia que la casación de fondo se basa en presuntas vulneraciones de
disposiciones de orden formal, no obstante que las califica como sustantivas. En primer término, lo
resuelto en el incidente de nulidad de derecho público es una materia no susceptible de ser planteada
por medio de una casación de fondo, porque si bien la decisión adoptada a su respecto está contenida
en el fallo de segundo grado, tal circunstancia no cambia su naturaleza jurídico procesal de ser un
simple incidente, que bien se pudo resolver por separado, y sin que su rechazo, en la oportunidad de
que se trata, sea lo que determina el término del juicio ni la imposibilidad de su continuación. De tal
modo, esta sección del fallo de segundo grado no admite el medio de impugnación referido.
Por otra parte, esta materia tampoco puede ser base de una casación, pues en el fondo se trata de un
problema de inconstitucionalidad de un precepto legal, el artículo 116 del Código Tributario, que
autoriza la delegación en forma expresa, y para remediar una posible inconstitucionalidad la propia
Carta Fundamental, en su artículo 80, ha previsto la herramienta jurídica apropiada para ello, que no es
un recurso de nulidad de fondo, sino el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Además, la propia naturaleza de la casación de fondo impide acoger la alegación de la especie. En
efecto, la vulneración de una disposición legal trae como consecuencia la anulación de la sentencia de
segunda instancia impugnada, la que a su vez, se pronuncia sobre la apelación entablada contra el fallo
de primer grado, debiendo, el tribunal de casación dictar una sentencia de reemplazo en que se haga la
aplicación correcta del derecho que se postula. Sin embargo, el problema de la delegación de facultades
jurisdiccionales, que es la base de toda la primera sección de la casación, no fue una materia tocada en
primer grado; no fue objeto de debate, desde que se introdujo bajo la forma de un incidente en segundo
grado.
Por lo tanto, no existe ligazón alguna entre esta presunta infracción y lo decidido sobre el fondo del
problema en primer grado, que es a lo que debería referirse un fallo de reemplazo, que en tales
condiciones no podría abordar lo que se ha denominado nulidad de derecho público.
La segunda parte del recurso que se analiza fue rotulado como “nulidad del acta de denuncia y de las
liquidaciones”, respecto de lo cual se invocan los artículos 200 y 201 del Código Tributario. Sin
embargo, esta cuestión no forma parte del escrito de apelación, que únicamente aludió al fondo del
problema, al insistir en que estaría probado el origen y disponibilidad de los fondos con que se realizó
la inversión de 31 de mayo de 1993 por la suma de indicada.
Por lo tanto, ninguna posibilidad existe de renovar la discusión de un asunto que, en tales condiciones,