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al dictar las Resoluciones Multas impugnadas, se atribuye una actividad jurisdiccional de la que carece,
razón por la que estima que se quebranta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número
3 inciso 4 de la Carta Fundamental.
Para entrar al análisis del fondo del recurso, es preciso consignar que del Mensaje de la Ley Número
20.123, publicada en el Diario Oficial de 16 de octubre de 2006, que regula el trabajo en régimen de
subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de
servicios transitorios, resulta que uno de sus objetivos fue precisamente la fiscalización del suministro
permanente de trabajadores, cuya infracción esta contemplada en el inciso segundo del artículo 183 A
del Código del Trabajo.
Entre los elementos que determinan el referido suministro permanente de trabajadores prohibido por la
ley, está la inexistencia del vínculo de subordinación y dependencia de uno de ellos con el contratista y
la ausencia de riesgo que debería asumir esta última.
De los antecedentes del recurso, aparece claramente que una fiscalizadora, cumpliendo su labor dentro
de un proceso de fiscalización de la Inspección del Trabajo, constató situaciones objetivas, como lo es
que, de conformidad a los documentos referidos, los trabajadores mencionados se comprometieron para
desempeñar para la empresa nombrada las funciones de “Cajero Atención Público”, según allí se
indica, en las instalaciones de la recurrente, en virtud del contrato de prestación de servicios que se
especifica; que según la respectiva cláusula segunda de dichos documentos, a tales trabajadores les
estaba prohibido constituir vínculo de subordinación o dependencia laboral con la recurrente; que en la
cláusula segunda del contrato de prestación de servicios se describe el servicio de recaudación como
aquél que consiste en recibir pagos de cuentas de clientes de la recurrente en centros de atención al
cliente o de pago; que la calificación de la idoneidad de la prestación de servicios está entregada en
forma exclusiva a la recurrente; que ambos trabajadores se desempeñaban además como supervisores
de otros cajeros en las dependencias de la recurrente; que rendían cuenta del arqueo y de cualquier
problema que surgía al jefe de clientes de la recurrente, el nombrado; y que la fiscalización duró varios
días.
Del mérito de la referida situación fáctica debe concluirse que la autoridad recurrida se limitó a
constatar una situación de hecho, como lo es el incumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 183 A, por lo que no vulneró la ley ni incurrió en arbitrariedad al imponer las sanciones que se
han reprochado. En efecto, dado que actuó en el marco de una fiscalización para la cual está
expresamente facultada, y luego de constatar hechos concretos, su consecuencia o interpretación no la
practica dicha entidad recurrida, sino que la ley, asignándole a la empresa recurrente la calidad de
empleadora de los trabajadores mencionados. De ello necesariamente se colige que la autoridad se
limitó a fiscalizar el cumplimiento de la ley, como corresponde a su función, sin que pueda entenderse
que su actuación importe atribuirse una actividad jurisdiccional, contrariamente a lo que sostiene la
empresa recurrente, y no se advierte que la conducta de aquélla esté desprovista de la razonabilidad que
califique el acto como arbitrario.
En consecuencia, esta acción cautelar respecto de las indicadas resoluciones no puede prosperar y debe
ser desechada.
Lo concluido es sin perjuicio de lo que pudiera resolverse por los tribunales competentes sobre la
exactitud de lo verificado en la fiscalización impugnada, conociendo de las acciones, reclamos o
recursos contemplados en la ley que se hubiesen deducido contra las sanciones administrativas que han
motivado acudir de protección.
RECURSO= Recurso de Protección
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias de Protección de la Corte Suprema, Septiembre, 27,
2007
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Adalis Oyarzún
Miranda, fiscal subrogante Carlos Meneses Pizarro, y los abogados integrantes Fernando Castro
Alamos y Oscar Herrera Valdivia.