Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

forma descrita respecto de la anterior causal de nulidad de fondo.
Finalmente, expone que la correcta aplicación de las normas cuya infracción denuncia debió llevar a los
sentenciadores a acoger la demanda interpuesta en todas sus partes.
Son hechos establecidos en la sentencia recurrida los siguientes:
a) Las únicas beneficiarias actuales de la pensión de gracia como hijas del ex parlamentario señalado,
concedida de acuerdo con la Ley Número 16.229, son la actora y su hermana.
b) En abril de 1992, ante Juzgado del Trabajo, la hermana de la actora demandó al Instituto de
Normalización Previsional, reclamando la reliquidación de la pensión.
c) Con fecha 15 de septiembre del mismo año en el juicio tramitado ante el referido tribunal laboral, se
acogió la demanda de la hermana de la actora, mediante sentencia que quedó ejecutoriada y que ordenó
recalcular la pensión, cuyo monto asciende actualmente a $714.065.
Tal como ha quedado expuesto, en el recurso de autos se reprocha primeramente a la sentencia de
segundo grado, que confirmó, sin modificaciones, el rechazo de la demanda resuelto en primera
instancia, la infracción del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en
relación con las demás disposiciones que se señalan al afecto, por desestimar la pretensión de la actora
de obtener el recálculo de la parte de la pensión de gracia que le corresponde, en los mismos términos
en que logró la reliquidación del beneficio su hermana, según el fallo a firme pronunciado en el juicio
laboral que solamente esta última inició en contra del mismo demandado en la presente causa.
El referido precepto constitucional asegura a todas las personas la garantía de la igualdad ante la ley y
añade en su inciso segundo que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”,
vedando que tanto la norma legal, cuanto los actos de las autoridades, entre ellas, las sentencias de los
tribunales, incurran en discriminaciones de carácter arbitrario, “contrario a la justicia, la razón o las
leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho”, según el alcance natural y obvio del vocablo.
Dicha inconsecuencia no se ha producido en el fallo impugnado, en cuanto se limitó a ratificar el
rechazo de una demanda que no tenía asidero, en la medida que la actora pretendía una nueva
reliquidación de la misma pensión de gracia que recibe junto con otra beneficiaria de acuerdo con la
Ley Número 16.229 y que ya había sido resuelta por la sentencia dictada en un juicio en que ella no fue
parte en ninguna de sus etapas declarativa y de ejecución.
En ese sentido, es pertinente apuntar que, tal como se reconoce en el recurso, se trata de una sola y
única pensión, de suerte que si se condena judicialmente a recalcularla, en virtud de la demanda
anterior presentada por una de sus beneficiarias distinta a la actora en este procedimiento, mal podría
condenarse nuevamente en un juicio diverso al organismo encargado de su pago, a una nueva y
segunda reliquidación de la misma pensión, en provecho de quien no ejerció aquella acción previa, y no
fue parte ni tercero en el pleito respectivo.
De haberse accedido en estos autos a la pretensión de la demanda mediante la revocación del fallo de
primer grado, para disponer una nueva reliquidación de la pensión, se habría perpetrado precisamente
una doble arbitrariedad, pues se habría desconocido la autoridad de cosa juzgada que posee la sentencia
recaída en el juicio iniciado por su hermana y, adicionalmente, se habría condenado al Instituto de
Normalización Previsional a una nueva reliquidación de una pensión ya recalculada merced a ese fallo
ejecutoriado.
La sentencia recurrida tampoco ha desconocido el amparo que la Carta Política otorga ampliamente al
derecho de propiedad en el Número 24 de su artículo 19, puesto que, contrariamente a lo que se afirma
en el recurso, la actora de autos no tiene incorporado a su patrimonio derecho alguno a que su parte de
la pensión de gracia que recibe se reliquide en los mismos términos que lo fue la de su hermana,
merced a la sentencia recaída en el juicio que exclusivamente esta última siguió en contra del Instituto
de Normalización Previsional y en el que, como se ha anotado, la actora no fue parte.
Sobre este particular, la relatividad del efecto de las sentencias judiciales, que reconoce explícitamente
el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil, es un principio jurídico general que, a la inversa de lo
que se postula en el presente recurso, impide a la actora hacer valer el fallo que obtuvo la otra