Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

Carrasco Acuña.
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 15 de julio
de 2004, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazarse
el de casación en el fondo interpuesto.
Fallo de Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Carmen Garay
Ruiz y el abogado integrante Luis Orlandini Molina.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Johanna Koch Pavez
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia
FECHA=06.09.2005
ROL= 4338-05
NORMA= Art. 1698 CC; 3 Ley 18.410, 3 a) Ley 18.410, 19 Ley 18.410
DESCRIPTORES= Resolución Administrativa, Reclamo de Ilegalidad. Reclamo de Ilegalidad,
Procedencia. Reclamo de Ilegalidad, Requisitos. Superintendencia de Electricidad y Combustible,
Facultades. Facultades Superintendencia de Electricidad y Combustible, Requerimiento Información.
Superintendencia de Electricidad y Combustible, Potestad Sancionatoria. Potestad Sancionatoria
Superintendencia de Electricidad y Combustible, Imposición Multa. Imposición Multa, Procedencia.
Requerimiento Información, Incumplimiento. Incumplimiento Requerimiento Información, Sanción.
Sanción Incumplimiento Requerimiento Información, Impugnación. Impugnación Sanción
Incumplimiento Requerimiento Información, Onus Probandi
EXTRACTO= La acción interpuesta en estos autos es la que contempla el artículo 19 de la Ley 18.410,
que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y que permite a los afectados con las
resoluciones de dicho organismo, cuando no se encuentren ajustadas a la ley, reglamentos o demás
disposiciones, recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para revisar su legalidad.
La resolución recurrida ha aplicado a la reclamante una multa de 25 Unidades Tributarias Anuales por
infracción a lo dispuesto en el artículo 3 a) inciso final de la ley 18.410 que sanciona el incumplimiento
de las empresas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustible a
proporcionar la información que se le requiera o la entrega de información falsa, incompleta o
manifiestamente errónea.
Los argumentos que se han invocado en autos para impugnar dicha resolución son de dos tipos; el
primero refiere a la nulidad de dicha resolución por haber sido expedida más allá de los plazos que
establece la ley, y el segundo, en la no existencia de la infracción, sino más bien la concurrencia de un
error involuntario que no ha causado perjuicio alguno.
En lo referente al primer argumento invocado, si bien es incuestionable que las resoluciones
impugnadas fueron dictadas más allá de los plazos que establece el artículo 17, lo cierto es que tales
plazos para la administración no son fatales ni la ley ha establecido en forma expresa como sanción a
esta extemporaneidad la nulidad de la resolución respectiva. El argumento de los artículos 6 y 7 de la
Constitución Política de la República para fundar la mencionada nulidad no es suficiente ni pertinente,
pues ellos se refieren más bien a la investidura regular y competencia de las autoridades dotadas de
potestad pública más que a normas de procedimiento administrativo o judicial propiamente tales y, de
todas formas, en caso de estimarse que lo que se ha pretendido por el reclamante es alegar una nulidad
de derecho público, el reclamo deducido en estos autos no es la vía idónea para obtener su declaración.
En cuanto al segundo argumento planteado, no resulta admisible pretender eximirse de responsabilidad
alegando solamente que las anormalidades detectadas y sancionadas obedecen a sólo un error, sin
acreditar efectivamente la concurrencia de éste y la forma como han sido mal interpretados los datos
por la Superintendencia, más aún cuando es un hecho no discutido la existencia de diferencias entre los
datos entregados por la reclamante y los constatados por la reclamada.
En consecuencia, siendo la sanción recurrida el ejercicio de una facultad que legalmente tiene la