Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

Por otra parte, el ejecutado opuso la excepción prevista en el artículo 464 número 9 del Código de
Procedimiento Civil, fundada en que él mismo habría pagado la deuda de que dan cuenta los títulos
invocados por el actor.
Al respecto, cabe señalar que la prueba de la extinción de las obligaciones de que dan cuenta los títulos
ejecutivos invocados por el actor, compete al demandado y que en autos no se ha rendido por el
demandado, prueba alguna que permita arribar a dicha conclusión, por cuanto si bien el ejecutado
adjuntó documentos mercantiles, con los cuales pretende acreditar dicha alegación, los mismos, por
tratarse de documentos mercantiles que emanan de la misma parte que los presenta y que no pueden
vincularse a las obligaciones contenidas en los títulos que sirven de fundamento a la demanda ejecutiva
de autos, deben ser desechados como prueba suficiente de las referidas alegaciones de la ejecutada. Ni
siquiera vinculando a ellos la prueba testimonial rendida en autos, es posible arribar a la conclusión que
alegó la ejecutada en orden a que los documentos materia de este juicio fueron pagados íntegramente a
la actora previamente mediante otros cheques. Todo ello, sin perjuicio de que cabe señalar que la
ejecutante ha reconocido expresamente en sus presentaciones referidas, dos abonos efectuados por la
ejecutada, por la suma de $ 400.000 cada uno de ellos, pagados con fecha 17 de junio de 2003 y 15 de
julio de 2003 respectivamente, razón por la cual, los abonos expresamente reconocidos por la
ejecutante deben ser imputados a los documentos materia de la ejecución, en la oportunidad en que se
proceda a la liquidación de los créditos de autos.
Por último, la ejecutada ha promovido la excepción del artículo 464 número 17 del Código de
Procedimiento Civil, fundada en la circunstancia que se encontraría prescrita la acción ejecutiva que
emana de los cheques de autos.
Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo prevenido en el artículo 34 de la Ley de Cuentas
Corrientes Bancarias y Cheques, la acción ejecutiva contra los obligados al pago de un cheque
protestado y la acción penal, prescribirán en un año, contado desde la fecha del protesto establecido en
el artículo 33 de la misma ley.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2514 del Código Civil, la prescripción que extingue las acciones
y derechos ajenos, exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas
acciones. Por su parte, el artículo 2518 del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción que extingue
las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente, y agrega en lo pertinente, que se
interrumpe civilmente por la demanda judicial.
Consta de autos, que las gestiones de notificación judicial de los protestos de cheques materia de la
causa, se verificaron con anterioridad al cumplimiento del plazo señalado en el artículo 34 de la Ley de
Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, razón por la cual deben desecharse las alegaciones de la
demandada en orden a que se encontrarían prescritas las acciones ejecutivas, debido a que las
demandas ejecutivas fueron interpuestas una vez transcurrido el plazo señalado, ya que las gestiones de
notificación judicial del protesto de los cheques interrumpen el plazo de prescripción ya señalado.
Teniendo presente que el testigo nombrado reconoció expresamente al contestar las interrogaciones
efectuadas antes de oponerse tacha por el artículo 357 número 8 del Código de Procedimiento Civil,
haber sido condenado anteriormente por los delitos de hurto y giro doloso de cheques; por otra parte,
teniendo en consideración la naturaleza propia de este último ilícito, en cuanto lo hace apartarse del
delito de estafa, por perjudicar tanto la fe pública como el patrimonio, aparecen como antecedentes
suficientes para estimar no hábil y desechar su testimonio, por la causal legal antes citada, haciendo
esta Corte suyos los fundamentos expresados en la sentencia, en su considerando tercero.
La presente causa rol indicado y acumulada tuvo su origen en la notificación judicial de sendos
protestos de cheques, referidos a los documentos: serie individualizada, de 30 de marzo de 2002, por
$1.411.000; serie individualizada, de 23 de mayo de 2002, por $770.000 y serie individualizada, de 8
de abril de 2002, por $175.000, todos del banco nombrado de esta ciudad y protestados por cuenta
cerrada, con fechas 19 de junio, 14 de agosto y 26 de junio de 2002, respectivamente, en cuanto a la
primera causa; en la causa acumulada, los cheques corresponden a: los serie individualizada, de 20 de