Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, por ser contrarios a la Constitución Política de la
República, no son aplicables en el reclamo rol individualizado, del Tribunal Tributario de la Dirección
Regional, actualmente en conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones referida, con el rol
individualizado en apelación, que se encuentra pendiente en su resolución.
Señala que la referida causa estaba siendo conocida por un funcionario que no es Juez, sino que Jefe
del Departamento Tribunal Tributario, creado mediante Resolución Exenta de fecha 27 de octubre de
1998 y publicada en el Diario Oficial de 3 de noviembre del mismo año; el funcionario que ha actuado
como Juez es el nombrado, y estaría facultado por la Resolución Exenta de 19 de noviembre de 1998,
publicada en el Diario Oficial del día 30 de noviembre y mediante la cual el Director Regional
administrativamente delegó en el jefe del departamento llamado “Tribunal Tributario” la totalidad de
sus funciones y facultades jurisdiccionales.
La delegación de facultades fue dictada fundada en lo que disponen los artículos 6 letra b) número 7 y
116 del Código Tributario, y artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, las que
contradicen los textos constitucionales en cuanto a las normas de creación y organización de los
Tribunales de Justicia, contenidas en los artículos 19 número 3 inciso cuarto y 73 de la Constitución
Política de la República.
Las normas legales impugnadas contienen vicios de fondo, al autorizar la delegación administrativa de
facultades jurisdiccionales en abierta oposición al principio de reserva legal en cuanto a la creación y
organización de los Tribunales, la causa en que incide el recurso se encuentra pendiente ante otro
tribunal y en ella se pretende aplicar preceptos legales contrarios a la Constitución, de modo que se
reúnen todos los requisitos para la procedencia del recurso.
Sostiene que el principio de legalidad respecto de la creación y organización de los Tribunales de
Justicia exige que tales materias correspondan exclusivamente a normas de rango legal, lo que se
materializa a través de los artículos 6, 7, 19 número 3 inciso cuarto, 38 inciso segundo y 73 de la
Constitución; la fuente de la función jurisdiccional del Director Regional emana del artículo 115 del
Código Tributario, constituyendo un Tribunal Especial, conforme con el artículo 5 inciso penúltimo del
Código Orgánico de Tribunales el que, pese a no formar parte del Poder Judicial, administra justicia en
ciertas áreas específicas que la ley le asigna.
La inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario radica en que se faculta al Tribunal que
señala la ley, para delegar la función jurisdiccional en funcionarios de su dependencia y también lo son
los artículos 6 letra b) número 7 del Código Tributario y 20 del Decreto con Fuerza de Ley Número 7,
que facultan al Director Regional para autorizar a funcionarios de su dependencia resolver
determinadas materias, tanto jurisdiccionales como administrativas; la delegación de funciones, con
arreglo a los artículos 41 y 43 de la Ley Número 18.575, debe recaer en materias específicas, lo que no
ocurre en las resoluciones delegatorias, que dictan los Directores Regionales, pues lo hacen en forma
general e ilimitada; por otro lado la delegación de facultades públicas es esencialmente revocable, lo
que no se aviene con la actividad jurisdiccional, en la que, encontrándose un Tribunal conociendo de
una causa determinada, ningún otro puede avocarse a ella.
El artículo 73 de la Constitución establece que la jurisdicción pertenece exclusivamente a los tribunales
establecidos por la ley; la única fuente creadora de tribunales es la ley, excluyendo cualquier otro tipo
de origen diverso, como acontece con la delegación mediante resoluciones administrativas; ello se
desprende también de lo dispuesto en los artículos 19 número 3 inciso cuarto y 38 inciso segundo de la
Constitución, en cuanto proscribe el juzgamiento poscomisiones especiales y que cualquiera que vea
lesionados sus derechos por la administración del Estado puede reclamar ante el tribunal que la ley
determine; lo anterior constituye una manifestación específica de las bases contenidas en los artículos 6
y 7 de nuestra Carta Fundamental, en cuanto consagran los principios de legalidad y competencia, que
son los principios básicos de nuestro Estado de Derecho; al haber ejercido el Juez Tributario la facultad
del artículo 116 del Código Tributario, dictando la resolución administrativa señalada, del año 1998, en
que delegó sus funciones en el Abogado nombrado, ha sido dicho acto administrativo la fuente