Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

Comercio”.
Para continuar con el análisis del problema, hay que recordar que el juicio cuyo fallo se pretende
anular, fue iniciado el 14 de noviembre de 1996 por el recurrente, formulando reclamo en contra de la
liquidación de 26 de agosto de 1996, por Impuesto Global Complementario, considerado en el período
tributario del año 1994, en la que el Servicio de Impuestos Internos modificó la declaración efectuada
en su oportunidad por éste, y se basó para ello en otra anterior que se refería a diferencias de Impuesto
a la Renta del período tributario 1994 determinado a la sociedad referida, de la cual el recurrente de
revisión era socio. En tanto, el juicio que terminó por sentencia dictada por Corte de Apelaciones fue
iniciado por medio de reclamo presentado el 11 de julio de 1996 por la persona jurídica nombrada, (rol
individualizado), proceso al que posteriormente se acumularon los expedientes iniciados el 11 de
octubre de 1996 por los socios de ésta, personas naturales, en los cuales la persona jurídica reclamó por
Impuesto a la Renta de Primera Categoría año tributario 1994, y las personas naturales por Global
Complementario por el mismo período, respectivamente, reclamos que en definitiva fueron acogidos
por sentencia firme de Corte de Apelaciones, en la cual se dejaron sin efecto las liquidaciones y los
giros correspondientes a las mismas.
Como se dijo, en el juicio seguido ante el Juez Tributario, y acumulado por Corte de Apelaciones,
fueron parte reclamante la ya citada persona jurídica y las personas naturales socias de ésta, los
nombrados; en cambio, en el seguido ante el Juez Tributario de otra comuna, fue parte el señalado,
actual recurrente de autos. Lo hasta aquí consignado resulta más que suficiente como para entender que
el primer requisito de la excepción de cosa juzgada, esto es, la identidad de personas, que ha de ser
legal y no física, porque podría darse el caso de intervención de la misma persona física pero que actúa
en un caso por sí misma y en otro como representante de una sociedad o de otra persona, por ejemplo,
no existe, porque en un caso se trató de una persona jurídica, la sociedad referida y dos personas
naturales, socias de ésta, que dedujeron sendas reclamaciones tributarias y, en el caso de estos autos, en
cambio, se trata de una persona natural, el también socio, otra persona, socios que, de acuerdo con la
ley, aunque pudieren formar o derechamente, formen parte de aquélla, no pueden constituir una única
entidad jurídica, porque la ley expresamente establece que son distintos la sociedad, empresa o
compañía y sus socios individualmente considerados. Habiendo texto expreso al respecto, huelgan más
comentarios, ya que conforme con éste, resulta más que evidente que no han sido las mismas partes las
que han actuado.
Lo anterior resulta más que suficiente como para rechazar la revisión intentada, porque, habiéndose
descartado la existencia del primer requisito de la cosa juzgada en que se basó, el recurso interpuesto
no puede prosperar, puesto que ello implica ciertamente que no concurre el referido instituto jurídico.
Sin embargo y sin ánimo de agotar la materia planteada, cabe efectuar algunas consideraciones sobre
los dos restantes requisitos.
Respecto de la segunda exigencia, esto es, la cosa pedida, parece no haber controversia en que tampoco
concurre, porque en ambos casos se han tratado de obtener beneficios jurídicos distintos, esto es,
invalidar liquidaciones que dicen relación con diferentes tipos de tributos, a saber, Impuesto a la Renta
de Primera Categoría para la sociedad, y Global Complementario para cada uno de los socios, tributo
este último que, debido a su carácter personal, es diferente para cada uno de los socios.
En lo tocante a la identidad de la causa de pedir, que, como se manifestó, el propio Código de
Procedimiento Civil explica que es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, también
es diverso. En efecto, en el caso de la sociedad, esta solicitó la nulidad de la liquidación señalada por
Impuesto a la Renta de Primera Categoría, por cuanto ella se basa en otras sobre diferencias de
Impuesto al Valor Agregado y, como estas últimas quedaron sin efecto al tenerse por acreditada la
efectividad de las operaciones consignadas en las facturas debitadas, también debía anularse la primera.
En cambio, las reclamaciones de los socios se basan, en síntesis, en que al decidirse judicialmente que
no existe hecho gravado, tampoco puede presumirse que hubo retiros por éstos, y al no haberlos, no
puede determinarse el pago de impuesto Global Complementario por los mismos. Esto es, se trata de un