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dotación de personal requería atendidas las faenas que debía ejecutar.
Dicho de otro modo; la aplicación práctica del requerimiento formulado por la Administración
Tributaria expresado en notificación de fecha 2 de julio de 2002, implica que para probar lo contrario
de lo sustentado por la Unidad Fiscalizadora, la reclamante debe allegar al proceso todos los
antecedentes de la forma cómo se efectuaron las compras de que dan cuenta las respectivas facturas
objetadas, por el valor en ellas consignado; esto es, acreditar diversas circunstancias de hecho, según el
caso, tales como: tipo, cantidad y calidad de los bienes o servicios sobre los que recayó la operación;
valor unitario y valor total de éstas; transporte de los bienes; ingreso a bodega; detalle de los servicios
prestados, mediante los respectivos contratos y, en su caso, de las ventas de las mercaderías anotadas
en las facturas o su existencia en el inventario; etcétera, y cualquiera otra situación conducente a
demostrar, por los medios de prueba instrumental y pericial que la ley establece, que el hecho gravado
y su valoración son efectivamente los que figuran registrados en las facturas cuya aclaración se solicitó
en la etapa de la fiscalización.
Así las cosas, y por lo expuesto, no cabe sino concluir que los antecedentes aportados por la parte
fiscal, establecen la concurrencia del dolo específico, como modalidad del dolo directo y la exclusión
por tanto de la mera presunción de dolo establecida en el artículo 1 inciso segundo del Código Penal,
en el obrar de la denunciada, razones que llevan a este sentenciador a concluir que la contribuyente de
autos ha desarrollado una conducta sancionada en el artículo 97 número 4, inciso segundo del Código
Tributario, consistente en contabilizar y declarar facturas falsas, aprovechando un crédito fiscal
espurio, así como su incidencia en renta; hecho que se hallaba en conocimiento de sus administradores,
o al menos, atendidos los cargos formulados, así como las sumas que las transacciones involucraron, no
podían menos que saber.
La infracción constatada se sanciona con multa del 50% al 300% del impuesto eludido, en lo que atañe
a estos efectos, y con presidio menor en su grado medio a máximo, en sede criminal.
La Directora Regional de la Dirección del Servicio de Impuestos Internos, decidió no deducir la acción
penal, y notificar únicamente acta de denuncia, de acuerdo a las facultades privativas contenidas en el
artículo 162 del Código Tributario y que le fueran delegadas por el Director Nacional, mediante
Resolución Exenta 6795, de 31 de diciembre de 1997.
Para regular la sanción a aplicar en estos autos es necesario tener presente que, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 107 del Código Tributario, la sociedad denunciada no es reincidente en
infracción de la misma especie ni en otras semejantes, según consta, y que, obrando debidamente
representada, prestó cooperación para esclarecer su situación, circunstancias que serán debidamente
ponderadas a tal efecto.
Por otra parte, el perjuicio al interés fiscal total asciende a $15.570.684, actualizado a septiembre de
2004.
RECURSO= Casación en el Fondo
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Septiembre, 27 b, 2005
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Domingo
Yurac Soto, Milton Juica Arancibia, María Morales Villagrán, y el abogado integrante Manuel Daniel
Argandoña.
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 4 de
abril de 2005, la cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto.
Fallo de Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Marta Carrasco Arellano, Vicente Fodich
Castillo y fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada.
DL 825, 1974, Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Johanna Koch Pavez
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia