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señala, y no los otros acompañados por la demandada, ya que son posteriores al siniestro.
Está acreditado que el accidente se produjo el día 11 de julio de 1994, entre el bus de propiedad del
actor y un automóvil de un tercero, el que resultó dañado, según se probó en los autos rol
individualizado de Juzgado de Policía Local y como consecuencia de aquello debió pagar los daños del
tercero a que se le condenó por sentencia de 25 de abril de 1995 por la cantidad de $1.700.000, más
reajuste del Indice de Precios al Consumidor desde el 20 de abril de 1995, la que fue confirmada por
esta Corte.
Según liquidación agregada fue ordenado pagar un total de $2.229.950, lo que es casi coincidente con
el pago agregado, efectuado el 14 de febrero de 1997.
La sentencia apelada no fue recurrida en la parte referida en los considerando primero, segundo, tercero
y cuarto, donde se pronunció sobre las objeciones documentarias y tachas de testigos. Consecuente con
lo anterior, la demandada no probó su excepción de ser moroso el actor de una deuda de $148.000 y
por ello no cumplir uno de los requisitos para exigir el pago de daños de terceros; lo mismo no haber
dado cuenta del accidente, y corresponde, por tanto el rechazo de las excepciones relacionadas al
efecto, ya que a dicha parte le correspondía probar lo anterior.
En la práctica el sistema ideado por la asociación demandada corresponde al concepto de prestar ayuda
a los asociados cuando se produzca un “siniestro” y ello incluye el daño del propio bus y también
aquellos que se deban pagar a un tercero, en virtud de la sentencia judicial. Se trata pues de un contrato
sui generis e innominado, pero es evidente que lo más próximo es el de seguro. En tal sentido
producido un siniestro el estado de las cosas debe ser considerado para todos los efectos al momento de
la fecha del siniestro. La conclusión emana de la interpretación del inciso segundo del artículo 22 del
Código Civil y artículos 1560 y siguientes del mismo Código, aplicables en la especie en virtud de las
facultades interpretativas de estos jueces.
Establecido lo anterior, no hay duda que a la fecha del siniestro el actor estaba en situación de requerir
los beneficios del antedicho convenio de ayuda en casos de siniestros. La situación de la expulsión es
posterior al siniestro y en consecuencia esta es la única forma de entender el convenio, puesto que la
situación fáctica se aparta de lo previsto y aquí es precisamente en donde el sentenciador debe
desplegar sus facultades interpretativas en la forma prevista por la ley general y en lo específico la de
los contratos, muy en especial la disposición del artículo 1.563 del Código Civil, que permite hacerlo
en la mejor forma que se avenga con la naturaleza del contrato de que se trata.
En el anterior entendido o marco teórico interpretativo estos jueces estiman que en la especie concurren
los elementos del artículo 26 del Reglamento. En virtud de tal consideración corresponde acoger la
demanda pero ajustada a dicho contrato y sólo se dará lugar a aquello acogido en la sentencia del
Juzgado de Policía Local, esto es, por la cantidad de $2.229.950, ya indicados en esta sentencia,
cantidad pagada el 14 de febrero de 1997, y la que se pidió con reajustes e intereses, sin especificarse
desde cuándo y en qué condiciones, lo que tampoco se dijo en la apelación. En virtud de lo anterior este
tribunal sólo puede ordenar el reajuste a contar de la presente sentencia.
RECURSO= Casación en el Fondo
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Septiembre, 8, 2005
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Enrique Tapia Witting, Jorge Rodríguez
Ariztía, Domingo Kokisch Mourgues, y los abogados integrantes René Abeliuk Manasevich y Oscar
Carrasco Acuña.
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 6 de
diciembre de 2004, la cual quedó firme al rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto.
Fallo de Corte de Apelaciones pronunciado por los ministros Gonzalo Morales Herrera, Patricio
Martínez Sandoval y el abogado integrante Claudio Moltedo Castaño.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Johanna Koch Pavez