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En la especie, el ente municipal demandado faltó a su obligación de mantener la acera en forma
expedita para la circulación peatonal, y de señalizar o hacer señalizar su mal estado, advirtiendo el
peligro para los usuarios, a que alude el artículo 174 de la Ley 18.290, máxime que la citada norma es
clara en requerir la instalación de señales en el lugar que por encontrarse en condiciones no adecuadas
pudiere dar ocasión a accidentes.
Como nada de lo recién detallado ocurrió, sin duda se creó un riesgo y, por ende, la demandada está
obligada a responder del daño producido a la actora. Se trata en este caso de la denominada
responsabilidad objetiva, en que se prescinde del elemento culpabilidad, puesto que aquí basta que con
una actividad o hecho se cause un daño a la persona o propiedad de otro, para que nazca el deber de
responder de él.
Esta es precisamente la situación que consagra el artículo 174 de la Ley de Tránsito en su inciso quinto,
razón por la cual la demandada es responsable del daño sufrido por la demandante.
En concordancia con lo que recién se viene expresando, el actual artículo 141 de la Ley 18.695
establece en su inciso 1 que: “Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que
causen, la que procederá principalmente por falta de servicio”, norma que está en consonancia con la
normativa consagrada en el artículo 38 inciso 2 de la Constitución Política de la República y en el
artículo 42 inciso 1 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
Luego, como en la situación de autos resulta evidente que debido a la falta de servicio atribuible a la
municipalidad demandada o más bien a sus agentes, se produjo el daño a la actora, aquella está
obligada a responder, porque dicha falta de servicio puede achacarse al descuido de la obligación de
mantener la acera en buen estado de uso o adecuadamente señalizada, con el grave peligro que ello
implicaba para los peatones que circulaban por ese sector.
Así, ora por la falta de mantenimiento o reparación de la acera, ora por la falta de señalización de su
mal estado, la municipalidad demandada está obligada para con la actora en la indemnización de los
perjuicios sufridos.
Todo ello hace procedente, entonces, desestimar en todas sus partes las alegaciones de la demandada.
Por lo demás, y aún en el supuesto de adscribirse a la hipótesis de que las municipalidades no son
responsables de1 mantenimiento y reparación de las vías públicas al sólo facultárseles en el artículo 24
de la Ley 18.196 “para efectuar directamente, dentro de su territorio comunal, obras de pavimentación
financiadas con sus propios recursos”; ello no es óbice para dar por establecida la responsabilidad del
municipio demandado, desde que la demanda intentada en el caso de autos no sólo se finca en la
infracción de la obligación de administrar los bienes nacionales de uso público, sino que también en la
infracción de la obligación de mantener o hacer mantener las señales de advertencia para precaver a los
usuarios de los peligros que haya en dichos lugares públicos, es decir, en un hecho que es
independiente de la conservación y reparación propiamente tal de las vías, y que encuentra amparo
legal en el reseñado artículo 174 inciso quinto de la Ley 18.290.
La demandante pretende obtener el pago del daño moral que dice haber sufrido, cuantificándolo en la
suma total de $15.000.000.
A este respecto, desde ya procede anotar que los testigos presentados a deponer por la actora están
contestes en que sufrió un daño físico con ocasión del accidente.
En concordancia con lo recién dicho, debe consignarse que, establecida como se encuentra en autos la
lesión que sufrió la demandante en su integridad corporal a raíz del hecho ilícito, resulta obvio entender
que, por lo mismo, hubo de experimentar un sufrimiento psíquico, dolor o aflicción debido a sus
dolencias físicas, aparte de la natural frustración que sin duda también debió sufrir ante la
imposibilidad de realizar en forma normal sus actividades cotidianas personales y familiares. Esta
situación es lo normal y corriente de las cosas, y no debe olvidarse que en materia probatoria impera el
principio de la normalidad, que implica que lo normal se presume y lo anormal debe probarse. Resulta
evidente, de este modo, que el daño moral debe serle indemnizado en este caso a la actora, pues nada se