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establecer relaciones con sus servidores por medio de un nombramiento que los convierta en
funcionario de planta, por medio de un nombramiento que les otorgue la calidad “a contrata” o,
finalmente, puede vincularse de acuerdo con las normas comunes, esto es: fuera del estatuto
administrativo, mediante un contrato a honorarios para la realización de “cometidos específicos”. Que
sólo hay tres formas de vincularse en el Estatuto Administrativo: nombramiento de planta, a contrata o
a honorarios, y siendo así, sólo podría argumentarse que se trata de un nombramiento a contrata.
En razón de lo anterior, esgrime que no es dable que el juez laboral pueda llegar hoy a la conclusión
que entre un servicio del Estado, cuyo personal se rige por el estatuto administrativo, y un funcionario,
pueda existir un contrato regido por el Código del Trabajo en vez de un contrato a honorarios, pues tal
disyuntiva hoy no existe, dado que sólo existen tres formas de vincularse en el estatuto administrativo:
de planta, a contrata y a honorarios.
Concluye solicitando que se acoja la excepción de incompetencia absoluta, en razón de la materia
debatida, con costas.
Con el mérito de la prueba rendida en la causa, apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se
ha acreditado que la demandante prestó servicios para la Universidad, mediante contratos de prestación
de servicios, en calidad de académico, por los períodos y horarios establecidos en los respectivos
contratos, reservándose la demandada el derecho a ponerle término en cualquier momento; sin
expresión de causa.
En primer término, es preciso dilucidar, si la vinculación jurídica habida entre la partes puede
asimilarse a aquellas que se encuentran reguladas por el Código del Trabajo o si por el contrario ello
carece de asidero en conformidad a las disposiciones legales que gobiernan la materia.
Para resolver sobre el punto planteado, debe tenerse presente que el artículo 1 inciso primero del
Código antes señalado establece una norma general aplicable en el sentido que las relaciones laborales
entre los empleadores y los trabajadores se regularán por dicho cuerpo legal y su leyes
complementarias, agregando luego en el inciso segundo de dicha disposición que esas normas, esto es,
las del señalado Código, no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del
Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los
trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes,
participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos
por ley a un estatuto especial. Con todo, agrega el inciso tercero del señalado artículo l, los trabajadores
de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de dicho Código, en los
aspectos o materias no reguladas en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a
estos últimos.
Por otra parte, el artículo 1 de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, estatuye que las relaciones
entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios
públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se
regularán por las normas de dicho Estatuto, con las excepciones que establece el artículo 21 de la Ley
Número 18.575. Cabe consignar que entre estas últimas que se excepcionan de la aplicación del
indicado Estatuto no se encuentran las universidades de carácter estatal.
Conforme a las disposiciones legales citadas en los fundamentos de esta sentencia, las personas que
laboran en las universidades que tienen el carácter antes indicado, como servicios descentralizados que
lo son, se encuentran sometidas a un régimen legal especial del denominado Estatuto Administrativo, y
pueden revestir las modalidades de “planta” o a “contrata”, sin perjuicio que el artículo 10 de la Ley
Número 18.834 permite, por excepción, la contratación de personas a “honorarios” en las situaciones y
casos que dicha norma legal establece, y que se contempla, entre otras, para aquellas que prestan
servicios para cometidos específicos. A lo anterior se añade que las personas así contratadas, esto es, a
“honorarios” se regirán por las reglas generales que establezca el respectivo contrato y no les serán
aplicable las disposiciones de dicho Estatuto.
De acuerdo a lo razonado precedentemente, en la legislación que rige a las universidades estatales,