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el artículo 99 de la Ley de Tránsito, debe realizar dicha señalización en conformidad con las normas
legales y técnicas que emanen del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no existiendo
norma alguna que establezca la forma como las municipalidades deben señalizar los desperfectos en las
aceras que no provengan de los trabajos que en ellas se realicen, por lo cual no se puede condenar a la
demandada a indemnizar los daños que supuestamente se hubieren ocasionado por el “incumplimiento
de dicha obligación”.
En cuanto a las normas constitucionales infringidas, dice que ello se produjo por cuanto éstas señalan
que en derecho público no podrán ejecutarse otros actos que aquellos que se encuentren expresamente
prescritos en la ley, en la forma como ella lo establece, y al no determinarse ni por la ley ni por el
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la forma en que deben señalizarse los desperfectos de
la naturaleza del de autos, no podrá considerarse que existe obligación municipal y, por lo tanto,
incumplimiento que dé origen a la indemnización a la que ha sido condenada el municipio.
Al explicar la forma cómo los yerros de derecho denunciados influyeron en lo dispositivo del fallo, el
recurso indica que, de no haberse cometido, se habría concluido que la municipalidad no ha incurrido
en falta de servicio alguna, por corresponder al Servicio de Vivienda y Urbanismo la reparación de las
aceras y por no estar obligada a señalizar, y en el peor de los casos, por no existir relación de
causalidad entre esa falta de señalización y los daños.
Para comenzar el análisis del problema planteado por el presente medio de impugnación, cabe precisar
que el fallo de primer grado, confirmado sin modificaciones por el de segundo, en su considerando
sexto, estableció que “los antecedentes probatorios referidos en las motivaciones precedentes resultan
ser insuficientes para justificar la existencia de los hechos señalados en la demanda, empero configuran
las bases a partir de las cuales es posible construir, mediante un procedimiento lógico deductivo, una
presunción judicial en cuanto a la circunstancia que la actora con fecha 2 de enero de 2002, cayó en la
acera de la calle señalada, entre las calles referidas, debido al mal estado de la vía, sin que existiere en
el lugar ningún tipo de protección ni señalización de advertencia del peligro que representaba para el
tránsito peatonal”. Luego precisa que tal presunción tiene caracteres de gravedad y precisión suficientes
como para formar convencimiento, por lo que afirma que “habrá de tenerse por acreditada en autos la
existencia del hecho en que se funda la demanda”.
A continuación, en el motivo séptimo, el fallo de primer grado consigna determinados datos que llevan
a la conclusión de que “Estos elementos de convicción, unidos a la testimonial analizada en la
motivación cuarta, justifican suficientemente la lesión o daño concreto que sufrió la actora en su
integridad física (fractura en muñeca derecha) con motivo de su caída en la vía pública más arriba
indicada”.
El referido fallo, luego de mencionar los artículos 1, 3 letra d), 4 letra f), 22, 26 letra c), 63 letra f) y
137 de la Ley Número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 174 de la Ley Número
18.290; y 42 inciso 1 de la Ley Número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, deja sentado que “no quedan dudas en la especie que correspondía
precisamente a la municipalidad demandada la obligación de velar por el buen estado de la calle
señalada, esto es, de su calzada y acera, con lo cual es claro que dicha entidad debía mantener
adecuadamente la acera de dicha arteria, cuestión que importaba preservarla en estado de no significar
peligro para el tránsito peatonal, sin que motivo alguno pudiera justificar el incumplimiento de esta
obligación, pues, tal como ya se vio, la administración de los bienes nacionales de uso público recae
esencialmente en el ente municipal”, concluyendo que existió falta de servicio de la demandada, al no
cumplir con su deber legal de mantener señales de advertencia a los usuarios, del peligro que corrían
con motivo de las baldosas sueltas en la vereda, y que dicha deficiencia municipal está en relación de
causa a efecto con las lesiones de la actora, de lo que colige que el municipio demandado debe
responder por el daño causado.
Surge de lo dicho que constituye un hecho de la causa, sentado por la sentencia de primer grado,
confirmado por el de segundo, el mal estado de la acera en que se cayó y lesionó la actora, y la