Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

legales citadas un sentido y alcance que no corresponde al que les dio el legislador, provocando con
ello que la demandada haya sido condenada como responsable del accidente de autos, en circunstancias
que sobre ella no recae la obligación de mantención, cuidado y conservación de las vías públicas
(aceras y calzadas).
El artículo 5 letra c) de la Ley Número 18.695, expone la recurrente, establece que es atribución de las
municipalidades administrar los bienes nacionales de uso público, salvo que, en atención a su
naturaleza o fines, y de conformidad a la ley, la administración corresponda a otros órganos de la
administración del Estado. El artículo 63 letra f) dispone en igual sentido, es decir, que es atribución
del Alcalde administrar los bienes nacionales de uso público de la comuna que correspondan, de
conformidad a esta ley.
Añade que la correcta interpretación de estas normas legales, lograda a partir de su propio tenor literal,
puesto que el sentido de la ley es claro, determina que sólo por regla general corresponde a los
municipios, como atribución esencial, la administración de los bienes nacionales de uso público. Lo
anterior, porque se establece que la administración de aquellos bienes, por disposición legal y en
atención a su naturaleza o fines, puede estar bajo la potestad de otros órganos del Estado, y que esto
último es lo que ocurre con las calzadas y aceras comunales, lugar donde se produjo el siniestro de
autos, cuya administración, y específicamente su conservación y mantención, ha sido entregada, por
expresa disposición legal, a los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo.
Explayándose sobre este punto, señala la recurrente que la interpretación armónica de los artículos 3
número 8 del Decreto Supremo Número 323 de 1968, 26 del Decreto Ley Número 1.305 del año 1976
y 1 inciso 3 del Decreto Supremo Número 355 de 1976; todos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
llevan a concluir que una de las funciones propias del Servicio de Vivienda y Urbanismo es justamente
la de estudiar, proyectar, construir, inspeccionar, renovar, conservar y administrar pavimentos de
calzadas y aceras en las partes urbanas.
Luego, se expone en el recurso que, en lo que respecta a la pretendida obligación municipal de
señalizar adecuadamente las vías públicas e informar sobre las deficiencias o peligros que en éstas
hubieren, se ha cometido otro error de derecho, al interpretar erróneamente el artículo 174 de la Ley
Número 18.290, otorgándole un sentido y alcance distinto al que le corresponde; ello, por cuanto, si
bien el artículo 26 letra c) de la Ley Número 18.695 dispone que a la unidad municipal encargada del
tránsito y transporte público le corresponde señalizar adecuadamente las vías públicas, dicha función
debe ser entendida en relación con los artículos 99 y 100 de la misma ley, que establecen la obligación
municipal de instalar y mantener la señalización del tránsito en las zonas urbanas de la comuna. Dicha
señalización será únicamente la que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por su
parte, el artículo 2 de la mencionada ley define lo que debe entenderse por “Señal de tránsito: Los
dispositivos, signos y demarcaciones de tipo oficial, colocados por la autoridad con el objeto de
regular, advertir o encauzar el tránsito”.
Como consecuencia de lo anterior, afirma, la instalación y mantenimiento de otro tipo de señales que
deben existir en las aceras y calzadas, como por ejemplo, aquélla que anuncia la existencia de alguna
deficiencia o peligro, no es una obligación de la demandada, sino que recae sobre quien posee la
administración de esas vías públicas, esto es, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, salvo en la
situación regulada por el artículo 102 de la Ley del Tránsito, que impone dicha obligación al sujeto que
se encuentre ejecutando trabajos en las vías públicas.
Por las razones señaladas, puntualiza, el legislador, respetando la armonía que existe dentro del
ordenamiento jurídico vigente, establece en el artículo 174 de la Ley de Tránsito, que las
municipalidades o “el Fisco, en su caso”, serán responsables, civilmente, de los daños que se causaren
con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o
inadecuada señalización.
Sin embargo, en el presente caso, con evidente error de derecho, los sentenciadores de la instancia,
prosigue, hicieron recaer sobre la municipalidad demandada la responsabilidad por los supuestos daños