Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

demandada, la carga de la prueba de este hecho era de esta última, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 1698 del Código Civil. En consecuencia, debía acreditarse por la demandada que el despido de
las tres actoras se debía a una “necesidad del establecimiento de un reordenamiento administrativo”, lo
que en la especie no ha ocurrido, pues no existen antecedentes en autos que den cuenta de dicho
reordenamiento. Así, sólo aparecen referencias de testigos relativas a las evaluaciones de las
profesoras demandantes, las que no han sido respaldadas por ningún documento o constancia escrita
que dé cuenta de las respectivas evaluaciones docentes.
A mayor abundamiento, y aunque hubieren resultado probadas las evaluaciones docentes, y en la
hipótesis que éstas hubieren sido perjudiciales a las actoras, en nada cambia la decisión de esta
sentenciadora, pues del tenor de las respectivas cartas de despido de las profesoras demandantes, se
desprende que la causal invocada por la demandada se refiere a un cambio en el orden administrativo
del liceo y no a una deficiente evaluación por desempeño, la que en ningún caso podría constituir la
causal del artículo 161 número 1 del Código del Trabajo. En consecuencia, esta sentenciadora no puede
sino concluir que las relaciones laborales de las actoras respecto de la demandada, terminaron por una
declaración unilateral de voluntad de ésta, sin justificación, debiendo darse lugar a la demanda en lo
relativo a las indemnizaciones por años de servicios, incrementadas en un 30% en virtud de lo
dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.
Es un hecho de la causa que el término de los servicios de las actoras se produjo por aplicación de la
causal contemplada en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, circunstancia que exige
en el caso de los profesionales de la educación y al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del Estatuto
Docente que el aviso previo se produzca al menos con sesenta días de anticipación y que el término de
los contratos ocurra el último día anterior al de inicio del nuevo año escolar, para liberar de la
obligación de pagar la indemnización adicional que dicha norma establece.
Al no haberse dado cumplimiento a la disposición legal señalada precedentemente, la que se encuentra
además acorde con lo que se establece en el artículo 75 del Código del Trabajo aplicable en la especie y
que obliga a tener por vigentes los contratos terminados en el mes de diciembre de un año hasta el
último día del mes de febrero del siguiente, deberá pagarse a las actoras la indemnización por el
equivalente al total de las remuneraciones por el período que va desde la fecha de comunicación del
término de los contratos hasta el último día del mes de febrero de 2004.
Atendida la fecha de contratación de la segunda actora, esto es el 1 de marzo de 1976, fecha anterior a
la entrada en vigencia del nuevo régimen previsional, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 9
transitorio del Código del Trabajo, el que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto Ley Número 3.501 de 1980 determinó que a los trabajadores contratados con anterioridad a la
entrada en vigencia de este último cuerpo legal no debe considerárseles el incremento previsional como
integrante de las remuneraciones al momento del cálculo de las indemnizaciones por años de servicios,
dado que este beneficio tuvo sólo por objeto mantener los montos líquidos a percibir por los
trabajadores cuando se produjo el cambio en la carga de las cotizaciones previsionales.
Habiéndose aplicado en la especie la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio,
la que no se tuvo por probada en estos autos, corresponde aumentar las indemnizaciones por años de
servicios en un 30% al tenor de lo ordenado por la letra a) del artículo 168, y no el del 50% como se
pretende, porcentaje que corresponde a la invocación de alguna de las causales del artículo 159 o ante
la ausencia de causal legal.
Previo a resolver sobre las prestaciones demandadas en virtud del convenio colectivo celebrado entre la
antigua institución de las actoras y la demandada, debe determinarse previamente si dicho convenio es
aplicable o no a las actoras y el consecuencial efecto de ello en sus respectivos contratos de trabajo.
De los documentos, confesional y testimonial de la parte demandante, se ha acreditado que entre la
anterior institución de las actoras y el liceo de la demandada se celebró un convenio colectivo el 28 de
agosto de 2000, con vigencia de dos años, y del cual eran beneficiarias las actoras. Dicho convenio fue
prorrogado en su vigencia por las mismas partes con fecha 3 de julio de 2002 hasta el 31 de julio de