Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

esultó erróneo, pues con ella se acreditaron las infracciones denunciadas por su parte, pues las
respuestas versaban sobre la relación laboral existente entre las partes. La aplicación correcta de las
normas que estima infringidas, debió llevar a los sentenciadores a establecer que había un vínculo
laboral que se había extendido por más de nueve años y que producto de la manipulación de la
demandada, sus derechos laborales resultaron burlados.
En la sentencia impugnada se establecieron como hechos en lo pertinente:
a) El demandante prestó servicios para el demandado desde el 1 de noviembre de 1994 hasta el día 24
de septiembre de 2003.
b) La relación existente entre las partes no tenía el carácter de laboral.
Sobre la base de los hechos reseñados anteriormente y, tomando en consideración el resto de las
probanzas agregadas a los autos, los sentenciadores decidieron rechazar la demanda y negar el pago de
las prestaciones reclamadas.
De lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado, desde que,
en definitiva, alega que sí existía relación laboral entre las partes y que habría acreditado los requisitos
configurativos de ésta, e insta por la alteración de tales conclusiones, modificación que no es posible
por esta vía, pues, como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos,
mediante la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, conforme las reglas de la sana crítica,
queda, en general, agotada en las instancias respectivas.
El establecimiento de los presupuestos fácticos del juicio no es susceptible de revisión por medio del
recurso de autos, a menos que en la determinación de tales hechos los jueces del grado hayan
desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud ha
correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión que no ha
ocurrido en la especie.
Lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el
demandante, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de
tramitación.
II Corte de Apelaciones: El actor demanda en juicio ordinario laboral a su ex empleadora.
Fundamentando su demanda, expresa que ingresó a prestar servicios a la demandada el 1 de noviembre
de 1994, en calidad de administrador del mencionado edificio, hasta el 24 de septiembre de 2003, fecha
en que fue despedido sin aviso y sin invocar causa alguna. Señala que su última remuneración ganada
ascendió a $559.379 al mes. Añade que se celebró contrato de trabajo, bajo vínculo de subordinación y
dependencia, que establecía horario y obligaciones que cumplir, pero tras la suscripción de varios y
sucesivos contratos, en 1998 se le hizo firmar un contrato de prestación de servicios, el cual se fue
modificando hasta que en abril de 2003, con la intención de desvirtuar la naturaleza de la relación
laboral, se suscribió otro, en el que en su cláusula 8 se estipula expresamente que no se trata de un
contrato laboral y por tanto no tiene derecho a indemnización alguna. Sin embargo, los servicios
prestados lo fueron bajo dependencia y subordinación, lo que no ha cambiado a través del tiempo,
debiendo en el desempeño de sus funciones obedecer órdenes e instrucciones del Comité de
Administración y de la Asamblea de Copropietarios, aun cuando ello fuera sin supervisión superior
inmediata. Agrega que no estaba al día en sus cotizaciones previsionales y por tanto, el despido ha sido
nulo, debiendo pagársele las remuneraciones que se devenguen con posterioridad al despido y hasta la
convalidación del mismo. Sin perjuicio de ello, expresa que se le ha quedado adeudando indemnización
sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio con incremento del 50%, según lo
dispone el artículo 168 del Código del Trabajo. Además, feriado legal y proporcional, cotizaciones
previsionales, reajustes, intereses y costas.
La demandada opone excepción de ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de
proponer la demanda, por cuanto no ha indicado el actor que el contrato terminó por aplicación de una
o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 o 161 del Código del Trabajo. Tampoco
señaló que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, conforme al artículo 168 del