Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

y que se fundamenta en que el pagaré que se cobra es falso, por haberse firmado dicho documento en
blanco, no puede prosperar, desde que ninguna probanza se rindió para acreditar dicho aserto, máxime
que en nuestra legislación (artículo 11 de la Ley 18.092) expresamente se faculta al legítimo portador
para llenar un título de crédito en blanco, sin señalarse otra limitación que la de sujetarse a las
instrucciones que haya recibido de los obligados al pago, quienes pueden eximirse de tal obligación
sólo si prueban que el documento fue llenado en contravención a ellas. En consecuencia, al portador no
le está vedado el completar los blancos de un título de crédito, es la ejecutada quien, para exonerarse
del pago, debió acreditar el supuesto incumplimiento de las instrucciones, sin que nada de ello hubiere
acontecido en el caso sub judice.
La cuarta excepción opuesta, es decir, el pago parcial de la deuda, análogamente será desestimada, toda
vez que era al ejecutado a quien procesalmente correspondía acreditar los fundamentos de su
excepción, empero nada de ello ocurrió en los autos, puesto que no rindió probanza alguna tendiente a
dicho fin, no obstante que el representante de la ejecutante en su absolución de posiciones, al tenor del
pliego agregado (articulación décima), reconoce los abonos por la suma de $1.464.116, de fecha 17 de
septiembre de 1999 y por $1.467.018, de fecha 18 de octubre de 1999, empero éstos, de acuerdo a lo
declarado por el mismo absolvente y al mérito del pagaré no objetado (en custodia), resultan anteriores
a la suscripción del documento materia de la presente ejecución.
La última excepción opuesta, vale decir, la de prescripción de la deuda, basada en la circunstancia que
el pagaré fundante de la ejecución habría sido suscrito a la vista con fecha 15 de octubre de 1997,
igualmente será rechazada, toda vez que no se allegó a los autos antecedentes probatorios serios para
tales efectos, puesto que la declaración singular del testigo referido, resulta insuficiente para justificar
los fundamentos fácticos de la misma.
Como corolario de lo expresado, habrá de acogerse la demanda ejecutiva deducida en autos.
Por último, sólo cabe señalar que los documentos acompañados por el ejecutante, en nada alteran lo
que se ha venido reflexionando y únicamente se mencionan para los efectos procesales pertinentes.
Sin perjuicio de lo expresado en el considerando quinto de la sentencia en estudio, cabe señalar que el
demandado al oponer a la ejecución la excepción contemplada en el numeral 2 del artículo 464 del
Código de Procedimiento Civil, la fundó en que el nombrado no había acreditado la existencia legal de
la persona jurídica Banco señalado, en cuyo nombre y representación aparecía demandando, y que si
efectivamente pudiera presumirse la existencia del banco ejecutante, debió constituirse como sociedad
anónima, cuya representación la tiene el gerente, quien a su vez es designado por un directorio, sin que
ninguno de estos extremos hubiesen sido probados en autos.
Como puede apreciarse, aquí no se atacó derechamente la representación que dijo detentar el nombrado
ni la existencia de la persona jurídica por quien éste compareció, sino que tales “extremos” no los había
acreditado el ejecutante, lo que constituye una forma defectuosa de excepcionarse, porque si no se
impugnan categóricamente los hechos afirmados por la contraparte, trasladándole, en consecuencia, el
peso de probar sus afirmaciones, no se ha producido controversia sobre el punto y, ya se sabe, la prueba
debe recaer sólo sobre los hechos controvertidos del pleito.
Por tanto, por las razones expuestas, la excepción en referencia tampoco habría podido acogerse,
debiendo considerarse extemporánea, además, por no haber sido objeto de oportuno debate, la
alegación hecha en el escrito de apelación, referida a esta misma excepción, en orden a que un mandato
judicial sólo puede otorgarse a un abogado y no a una persona jurídica o a un ingeniero comercial.
El apelante sostuvo, refiriéndose a la segunda excepción rechazada por el juez a quo, esto es, a la de
nulidad de la obligación, y cogiéndose de la frase del fallo de “que el pagaré en que se basa la demanda
es prueba suficiente del mutuo otorgado al ejecutado”, afirmó que el pagaré no es fuente de
obligaciones, sino sólo un título de crédito en el que éstas pueden constar. Sin embargo, de lo
expresado por la sentencia de primer grado no se puede inferir que el pagaré es fuente de obligaciones,
sino que lo que allí se dice es que el pagaré es prueba de la deuda de que da constancia, como lo
entiende el propio ejecutado.