Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia
FECHA=27.09.2005
ROL= 5903-04 (Santiago)
NORMA= Art. 1698 CC; 6 b) No. 6 CTRIB, 6 b) No. 7 CTRIB, 21 CTRIB, 115 CTRIB, 116 CTRIB,
140 CTRIB, 200 CTRIB; 21 DL 824, 1974, 32 No. 2 a) DL 824, 1974, 68 DL 824, 1974, 70 DL 824,
1974; 20 DFL 7, 30.09.1980
DESCRIPTORES= Impuestos, Prescripción. Prescripción Impuestos, Plazo. Reclamación Tributaria,
Impugnación de Liquidación. Impuestos, Reclamo Liquidaciones. Impugnación de Liquidación,
Procedencia. Impugnación de Liquidación, Peso de la Prueba. Impuestos, Liquidación. Liquidación de
Impuestos, Origen Fondos. Impuestos, Justificación Origen Fondos. Director Regional Servicio
Impuestos Internos, Delegación Facultades. Delegación Facultades Director Regional Servicio
Impuestos Internos, Procedencia. Nulidad Derecho Público, Resolución Juez Tributario. Nulidad
Derecho Público, Alegación. Alegación Nulidad Derecho Público, Vía Idónea. Casación en el Fondo,
Procedencia. Leyes Reguladoras de la Prueba, Concepto
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso denuncia que la sentencia de segundo grado, al ratificar la
sentencia de primer grado sin consideraciones, incurrió en errada e infundada aplicación del “conjunto
de normas legales de orden público que de manera armónica regula el sistema de prueba legal vigente,
así como en la falta de aplicación de esas leyes, que configuran el grave error de derecho e infracción
de leyes en que incurrieron los sentenciadores, al dejar incumplidas leyes, prohibiciones y limitaciones,
así como las definiciones y contenidos jurídicos que esas leyes imponen particularmente en lo relativo
a la Nulidad de Derecho Público y a la nulidad de los giros y liquidaciones practicadas por el Servicio
de Impuestos Internos, a la carga o peso de la prueba u “onus probandi”, a los medios probatorios y su
mérito o valor demostrativo de los hechos del juicio y a la manera legal y racional que debieron
analizar para determinar su mérito probatorio”.
Es así como no analizaron ni fallaron los fundamentos de la apelación, ni tampoco las acciones y
excepciones que se hicieron valer; no ponderaron la prueba de autos, infringiendo leyes sustantivas,
imperativas y de orden público, en términos tales que “ratificaron como legalmente acreditados en
autos hechos que no están probados y que no pudieron tenerse por ciertos; ignoraron y desconocieron
hechos legalmente probados en el expediente y que debieron tenerse por ciertos y no consideraron
pruebas de pleno valor probatorio como la Nulidad de Derecho Público, la nulidad y prescripción de las
liquidaciones practicadas, el peso de la prueba, la efectividad de las operaciones impugnadas ni
tampoco la carencia de pruebas del Servicio para impugnar facturas legalmente emitidas”.
El recurso añade que, al desechar el incidente de “nulidad absoluta de derecho público”, se infringieron
los artículos 6, 7, 19 número 3 incisos 4 y 5, 38 inciso 2 de la Constitución Política de la República, y
84 inciso 3 del Código Tributario, porque se omitió declarar la nulidad de las actuaciones y
resoluciones del “Juez de Primera Instancia”, que se fundaba en que no se dio cumplimiento a las
normas legales y constitucionales de derecho público que regulan la función jurisdiccional y
competencia para la resolución de conflictos jurídicos como el de autos, y se incurrió en
incumplimiento de los principios generales de derecho.
En suma, cuestiona el hecho de que dicho juez haya actuado en virtud de una delegación de facultades
del Director Regional o Nacional, lo que sería improcedente, por vulnerar las normas de la Carta
Política del Estado, y el principio de legalidad.
Seguidamente, la recurrente afirma que la sentencia “omitió declarar la nulidad de las actuaciones del
Servicio de Impuestos Internos, relacionadas con el acta de denuncia y de las liquidaciones
formuladas”, infringiendo los artículos 200 y 201 del Código Tributario.
A continuación, la contribuyente se refiere a lo que denomina “infracciones de las leyes reguladoras de
la prueba”, sosteniendo que la abundante prueba rendida por el contribuyente en primera instancia no
fue ponderada ni aceptada por el Servicio de Impuestos Internos, ni por el fallo de segundo grado; y
que la normativa que conforma el concepto de leyes reguladoras de la prueba se encuentra constituida