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disposición del inciso final del artículo 6 del Código Tributario, que señala que “los Directores
Regionales en el ejercicio de sus funciones deberán ajustarse a las normas e instrucciones impartidas
por el Director”, porque entre esas funciones está la de “resolver las reclamaciones que presenten los
contribuyentes”, que les entrega el número 6 del mismo precepto legal.
A su vez, si al Director del Servicio de Impuestos Internos le compete “interpretar administrativamente
las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y
fiscalización de los impuestos”, según lo dicen el número 1 del artículo 6 del Código Tributario y la
letra b) del artículo 7 del Decreto con Fuerza de Ley Número 7, de 1980, los Directores Regionales que
les están directamente subordinados no pueden sino acatar y aplicar las normas fijadas y las
instrucciones impartidas por el Director para la recta interpretación de las disposiciones tributarias al
resolver las reclamaciones de contribuyentes y denuncias por infracciones a esas leyes que conocen..
Tales instrucciones superiores no pueden impugnarse mediante la reclamación regulada por el Código
Tributario, por prohibirlo expresamente su artículo 126, al preceptuar que “En ningún caso serán
reclamables las circulares o instrucciones impartidas por el Director o las Direcciones Regionales al
personal, ni las respuestas dadas por los mismos o por otros funcionarios del Servicio a las consultas
generales o particulares que se les formulen sobre la aplicación o interpretación de las leyes
tributarias”, por cuanto, si bien esta limitación se explica por tratarse de instrucciones dirigidas al
personal del Servicio, ellas igualmente alcanzan indirectamente a los contribuyentes, sin que éstos
puedan objetarlas por esa vía.
Los Directores Regionales de Impuestos Internos tampoco tienen inamovilidad en sus cargos, atributo
que para otros autores, como Patricio Figueroa Velasco (“El Estado de Derecho y la Justicia
Tributaria”, Actualidad Jurídica Número 5, enero de 2002, Universidad del Desarrollo), también debe
caracterizar al órgano a cargo de la función jurisdiccional, si se considera que en virtud de lo prescrito
en el inciso segundo del artículo 49 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, a los directores regionales de los servicios públicos les corresponde uno de
los tres primeros niveles jerárquicos en que se ubican los cargos de la exclusiva confianza de la
autoridad facultada para efectuar el nombramiento, lo que confirma que se trata de jefaturas que no
gozan de la inamovilidad que poseen los jueces en el Poder Judicial, conforme el artículo 77 de la Carta
Fundamental.
A su turno, en el sistema de calificaciones que consulta el Estatuto Administrativo, aprobado por la ley
Número 18.834 y que desarrolla el decreto reglamentario Número 1.825, de 1998, del Ministerio del
Interior, el “Cumplimiento de normas e instrucciones” es un subfactor de medición del factor 3 de la
calificación “Comportamiento Funcionario” y “mide el respeto a los reglamentos e instrucciones de la
institución y demás deberes estatutarios de los personales de los organismos afectos a esa normativa”.
De este modo, las instrucciones del Director del Servicio de Impuestos Internos para la interpretación
de las leyes tributarias deben considerarse comprendidas entre las disposiciones cuya fiel observancia
por los Directores Regionales es antecedente de sus calificaciones anuales, lo que corrobora que estas
Jefaturas no pueden actuar con plena independencia e imparcialidad al conocer reclamos de
contribuyentes y denuncias en contra de éstos, si el incumplimiento de tales instrucciones obligatorias
se refleja en sus calificaciones.
Si los Directores Regionales de Impuestos Internos no poseen, como se ha visto, independencia e
imparcialidad para resolver las reclamaciones de contribuyentes y las denuncias en contra de éstos
últimos, ni tienen inamovilidad en sus cargos, fuerza es concluir que definitivamente no llevan a cabo
una función jurisdiccional, ni como tribunales especiales de los aludidos por el inciso final del artículo
5 del Código Orgánico de Tribunales, o como órgano administrativo que ejerza jurisdicción, en los
términos del inciso quinto del número 3 del artículo 19 de la Carta Constitucional.
Esa actividad bien puede ubicarse, por el contrario, entre los procedimientos de revisión administrativa
de los actos de la Administración que contempla el ordenamiento institucional y que pueden anteceder
a su revisión a cargo de un órgano contencioso administrativo o de uno propiamente judicial y que sí