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La demanda se ha entablado sobre el postulado que la demandada es una única empresa con domicilio
en Chile y el extranjero, fenómeno fáctico que de acuerdo a las reglas de onus probandi ha debido
acreditar la parte demandante, y que, con todo, no ha podido, sin indagarse y determinarse previamente
la vinculación que el actor sostiene, sustentar la excepción que se deduce, desde que, de ser cierta la
referida vinculación, y sólo a nivel de mera hipótesis, bastaría para trabar la relación procesal y someter
el asunto válidamente a la jurisdicción del Tribunal, el emplazamiento de la empresa en su domicilio de
Santiago; en el caso contrario, cual es la decisión que más adelante se adopta, la distinta identidad de
las sociedades que se pretenden una, desentrañada desde un análisis del fondo del asunto controvertido,
funda, sencillamente, el rechazo de la acción en fundamentos sustantivos, al margen de la cuestión
formal de jurisdicción que se ha planteado.
Sobre el fondo: El demandante sostiene que la demandada y la empresa extranjera homónima son una
sola empresa.
Del tenor de la contestación de la demanda y de los documentos presentados por la demandada
relativos a su constitución formal de acuerdo a la legislación chilena, se asienta que la empresa
demandada existe como unidad empresarial autónoma constituida de conformidad a la normativa
comercial chilena desde 1983.
El mismo contrato de trabajo suscrito entre las partes, al establecer que los servicios se inician con
fecha 1 de febrero de 1999, sin reconocimiento expreso de ninguna antigüedad laboral, cuestión
esencial de cara a la pretensión del actor en tal sentido, ni hacer referencia expresa a alguna vinculación
contractual pasada que se reconozca, refuerza la idea de la existencia de dos sociedades distintas.
Los dos testigos de la demandada, inobjetados y dando razón de sus dichos, declaran también en tal
sentido, enfatizado en la autonomía empresarial de la empresa demandada, manifestada en su
independencia de gestión y organizacional.
Sólo un aserto aislado en la voz de un testigo alude a la noción de empresas integradas, al referirse a la
calidad de multinacional de la demandada, mas tal aseveración, no ratificada por el otro testigo, aparece
desprovista de otras probanzas que la refrenden y de circunstancias esenciales que detallen la situación
a que se refiere el testigo. Por ello no es más que un mero indicio aislado, insuficiente para formar
convicción de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
La inexistencia del vínculo sostenido por el demandante entre ambas sociedades, no fue desvirtuada
por la parte demandante, a partir de los elementos de convicción múltiples, lógicos y concluyentes que
se requerían, en el marco de un fenómeno empresarial que constituye una cuestión de hecho de suyo
específica en el contexto de los procesos de transnacionalización del capital y de globalización
económica; fenómenos que, aunque conocida su existencia y sus alcances planetarios, con todo, no
pueden, en el caso concreto, suponerse de buenas a primeras, a partir de tal promesa general y de la
mera identidad que pueda constatarse en la denominación corporativa de una y otra empresa.
Este último es un rasgo también común de unidades económicas que se valen sólo de la marca de
corporaciones de prestigio para explotar productos y servicios, sin relacionarse empresarialmente con
la corporación dueña de la marca o franquicia, más allá del marco obligacional propio del contrato de
uso y explotación de la misma, manteniéndose así la identidad empresarial propia, no obstante
compartirse la misma denominación corporativa.
Por lo razonado, en presencia del fenómeno jurídico, económico y social complejo que plantea la
existencia de empresas transnacionales, filializadas por una parte y diferenciadas y autónomas por otra,
y la necesidad de formar en el sentenciador un juicio de certeza indubitado sobre el fenómeno que en el
caso concreto se ha verificado, debió aportar el demandante, oportunamente, los antecedentes
probatorios necesarios para formar convicción sobre los presupuestos fácticos de la antigüedad laboral
que alegaba y que ha pretendido salvaguardar en la reserva de su finiquito y, en definitiva, sobre la
identidad empresarial existente entre la empresa domiciliada en el extranjero y la chilena. El finiquito
ha tenido entonces pleno mérito liberatorio respecto de la demandada, sin que se hubiere acreditado la
identidad entre ésta y la sociedad extranjera.