Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

liquidaciones, se infieren las diversas anormalidades de que adolecen las referidas operaciones
efectuadas con los cinco proveedores que allí se señala, entre las que se menciona la existencia de
facturas emitidas sin la autorización del Servicio de Impuestos Internos; falta de verificación de las
operaciones por inexistencia de los proveedores en los domicilios declarados para tal efecto en
Declaración de Iniciación de Actividades; condición de no declarantes de Impuesto al Valor Agregado
en los períodos auditados de 103 proveedores; y bloqueos por inconcurrencia a notificaciones del
Servicio para su fiscalización y verificación de las operaciones facturadas, de lo que se deduce la
acreditación fundada de que las operaciones en sí, de que dan cuenta las facturas objetadas, no reúnen
los requisitos exigidos por las normas legales contenidas en el Decreto Ley Número 825, de 1974, para
que los créditos fiscales que ellas generan puedan ser aceptados como tales, y consecuencialmente, dar
lugar al uso del crédito fiscal que la ley dispone. En suma, estas operaciones deben ser consideradas
como falsas, puesto que no han sido efectuadas por aquellos que se dice, en atención a las
irregularidades ya anotadas.
Por otra parte, y sin perjuicio de lo señalado, cuando el Servicio de Impuestos Internos impugna las
operaciones contenidas en las facturas, el contribuyente podrá demostrar que las convenciones
celebradas con los proveedores son reales, acreditando, en conformidad con lo dispuesto en el número
5, inciso segundo, del Decreto Ley Número 825, de 1974, que los desembolsos efectuados son
efectivos, y que en la especie se ha dado cumplimiento a los siguientes requisitos:
a) Haberse efectuado el pago con un cheque nominativo a nombre del emisor de la factura, girado en
contra de la cuenta corriente bancaria del referido comprador o beneficiario.
b) Haber anotado por el librador al extender el cheque, en el reverso del mismo, el número del Rol
Unico Tributario del emisor de la factura y el número de ésta.
Respecto a estas exigencias, las pruebas aportadas por el reclamante para acreditar que las referidas
operaciones son reales y correctas, ya expuestas en considerando 7, no constituyen prueba fehaciente
de haber cumplido con lo exigido por el texto legal antes mencionado, puesto que respecto de tales
documentos debió haberse acreditado las formalidades ya enumeradas en la norma jurídica, situación
no cumplida en estos autos.
En estas circunstancias, el tribunal ha llegado a la convicción lógica que las operaciones efectuadas por
el reclamante no son reales, sino que amparan otras actuaciones que se derivan de su mal uso por parte
de terceros no individualizados, por lo que debe procederse a no innovar en esta materia.
2. Cumplimiento de requisitos para la procedencia del crédito fiscal, conforme al inciso tercero del
artículo 23 número 5 del Decreto Ley Número 825, de 1974:
Al respecto, cuando el Servicio de Impuestos Internos impugna las operaciones contenidas en facturas
que ya han sido pagadas, de conformidad al inciso tercero del número 5 del artículo 23 del Decreto Ley
Número 825, de 1974, los contribuyentes, para hacer frente a la impugnación del crédito fiscal
efectuada por el Servicio de Impuestos Internos y poder gozar de la posibilidad del beneficio tributario
señalado, consistente en la utilización del crédito fiscal, podrán acreditar, a satisfacción de aquél, el
pago de la operación con cheque, mediante el original o fotocopia de aquel documento y los registros
de la respectiva cuenta corriente en la contabilidad, si está obligado a llevarla; el que las facturas
cumplan con las disposiciones formales establecidas en las leyes y reglamentos, y la efectividad
material de la operación y de su monto, por los medios de prueba instrumental o pericial que la ley
establezca, cuando el propio Servicio así lo solicite.
En relación al cumplimiento de estas exigencias copulativas, la reclamante en autos no ha aportado
antecedentes que permitan acreditar dicho cumplimiento, por lo que el tribunal concluye que a la
reclamante no le asiste este beneficio.
3. Prescripción de las liquidaciones según artículo 200 del Código Tributario:
Al respecto, se alega que las liquidaciones fueron emitidas y notificadas transcurrido con exceso el
plazo de tres años que establece dicho artículo, y se manifiesta que a la contribuyente no le es aplicable
la disposición del inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario, toda vez que la empresa ha