Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

ya está por entero superada, y por ende, no sustenta la infracción de los artículos previamente
indicados.
También se ha denunciado la transgresión de las leyes reguladoras de la prueba, y bajo tal
denominación se mencionaron diversas disposiciones de los Código Civil y de Procedimiento Civil.
Sobre esto es útil reiterar la noción de leyes reguladoras de la prueba que esta Corte ha consignado en
aquellos procesos en que se ha ventilado este punto.
Se ha resuelto que las leyes reguladoras de la prueba son aquellas normas fundamentales impuestas por
la ley a los falladores en forma ineludible, y que importan verdaderas limitaciones a la discrecionalidad
judicial, dirigidas a asegurar una decisión correcta en el juzgamiento. De esta forma, para que se
produzca infracción de tales disposiciones, es necesario que se haya incurrido en error de derecho en su
aplicación, todo lo que no ha sucedido en el presente caso, particularmente porque las disposiciones
que bajo tal denominación se agruparon, corresponden a normas que establecen la carga de la prueba,
pero en materia de obligaciones y por lo tanto no aplicables en esta causa, afecta a disposiciones
especiales, ajenas al concepto de obligación civil a que dicha normativa se refiere; o bien, se trata de
normas que regulan la ponderación judicial de la prueba y, por lo tanto, no susceptibles de ser
impugnadas mediante una casación.
Por otra parte, se ha cuestionado la falta de consideraciones de que adolecería la sentencia, y que no
tomaría en cuenta pruebas rendidas que en concepto del recurso establecerían hechos que interesan a la
empresa contribuyente.
Tal acusación, claramente, es propia de un recurso de casación en la forma, causal del número 5 del
artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el número 4 del artículo 170 del
mismo Código, la que, como es sabido, no procede en este tipo de asuntos regidos por una ley especial,
como lo es el Código Tributario.
Por lo tanto, no resulta posible trocar la naturaleza jurídica de una institución, porque si en ella se alude
a aspectos formales, debe plantearse por la vía correspondiente y no por un medio de impugnación que
se relaciona con lo sustancial.
Siempre respecto al último capítulo de la casación, insiste el recurrente en que la carga de la prueba
corresponde al Servicio, afirmación que contraría lo dispuesto expresamente en el artículo 21 del
Código Tributario, que es el aplicable al caso, y que radica en el contribuyente el peso de la prueba
tanto en la etapa administrativa como en la jurisdiccional; y también el artículo 70 de la Ley de la
Renta, en lo tocante a la prueba del origen de los fondos aplicados a determinadas inversiones.
Asimismo, el recurso se refiere a otra materia reiteradamente resuelta, como lo es el alcance del
artículo 21 del Código Tributario en relación con las pruebas presentadas por un contribuyente. Ya
quedó aclarado que en este tipo de procedimiento, que lo es de reclamación tributaria, la carga
probatoria incumbe siempre al contribuyente, quien debe desvirtuar con pruebas suficientes las
impugnaciones del Servicio; también es infundado el reclamo en orden a que los jueces del fondo no
aceptaron las pruebas rendidas, ya que la pretensión que subyace tras semejante planteamiento, consiste
en que los magistrados debieron aceptar las conclusiones que al contribuyente le parezcan las
pertinentes, cuando la realidad es que son dichos jueces los que llevan a cabo la tarea de ponderar las
pruebas y extraer de ellas las conclusiones que crean del caso.
Lo anterior, por lo demás, se hizo en la especie, bastando una somera revisión del fallo de primer
grado, confirmado por el de segundo, para apreciar que se ponderaron las probanzas rendidas.
Se puede agregar a lo manifestado, entonces, que los reproches formulados en el recurso sólo se
relacionan con la forma como los jueces del fondo analizaron las probanzas rendidas en el proceso para
establecer los hechos, llegar a las conclusiones que expresaron y, a partir de ello, resolvieron lo que
estimaron pertinente. Lo anterior significa que se trata únicamente de un problema de apreciación de la
prueba (así por lo demás se dice en el recurso), labor que corresponde a los jueces ya referidos, según
se desprende de diversas normas procesales como, por ejemplo, del artículo 428 del Código de
Procedimiento Civil, y que esta Corte de Casación no puede variar, a menos que se hayan denunciado