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La demandante deberá acreditar que hubo una negligencia grave por parte de la demandada, lo que
provocó un mal funcionamiento del servicio, que constituyó en definitiva la causa directa del
fallecimiento del paciente y al respecto, refiere que esto queda demostrado por cuanto se sobreseyó la
investigación sumaria administrativa y por haberse sobreseído temporalmente la causa rol
individualizado, seguida ante Juzgado del Crimen. Por las razones expuestas, expresa la demandada
que no fue posible evitar el suicidio, pues los antecedentes clínicos y la evolución positiva que presentó
el paciente días antes de su muerte, influyeron en la imposibilidad de prever y evitar tales hechos. La
obligación del médico tratante es obligación de medios y no de resultados y carece de toda racionalidad
la fundamentación en normas de derecho privado, las cuales son alegadas en forma subsidiaria por la
demandante, puesto que no establece con exactitud cuáles son las acciones u omisiones culpables en
que incurrió la demandada. Respecto de la responsabilidad por el hecho ajeno, ésta supone la comisión
de un hecho ilícito por parte de alguno de los funcionarios del hospital psiquiátrico, faltando en todo
caso el necesario requisito de la relación de causalidad entre la acción u omisión con el daño producido.
Finalmente y en cuanto a los $ 200.000.000 demandados por la actora por concepto de daño moral,
afirma que es una suma excesiva, que la muerte del paciente no se encuentra en directa relación con la
responsabilidad de la demandada, puesto que se debió a un hecho fortuito; que, en todo caso, el daño
moral deberá ser probado y regulado conforme a la naturaleza del hecho, facultades, condiciones y
situación personal de la ofendida y en cuanto a los reajustes e intereses demandados, estos deberán ser
rechazados por improcedentes.
Respecto del daño moral, sólo cuando la sentencia quede a firme, se determinará si hubo o no un daño,
por lo que el cómputo de la reajustabilidad sólo debe iniciarse desde la dictación de la sentencia y de la
misma forma, el pago de intereses resultará también improcedente, porque éste corresponde a la mora
del deudor y a la fecha la demandada no se encuentra en mora alguna.
Son hechos no controvertidos por las partes:
a) Con fecha 5 de agosto de 1999, el occiso, paciente del hospital psiquiátrico, dependiente del Servicio
Nacional de Salud, se suicidó arrojándose desde una ventana del tercer piso de dicho hospital.
b) El referido paciente se encontraba internado en dicho centro psiquiátrico por padecer de una
depresión monopolar con trastornos de personalidad
De las declaraciones de los testigos de la demandante y de la demandada, se desprende que el occiso en
dos oportunidades anteriores fue sorprendido encaramado en la citada ventana del tercer piso,
manifestando intenciones suicidas, hecho que se encuentra corroborado en su historia clínica tenida a la
vista, en que en la página correspondiente a “Evolución de auxiliar Paramédico” el 31 de junio de 1999
se deja constancia que el paciente está con “desajuste conductual, se tira al piso, grita, quiere tirarse por
la ventana por lo que se deja en observación”.
De las declaraciones testimoniales señaladas precedentemente, como asimismo del sumario criminal rol
individualizado del Juzgado referido, tenido a la vista, se desprende que el paciente se suicidó
arrojándose desde la ventana del comedor del establecimiento, ubicado en el tercer piso, la cual no
tenía ninguna protección o resguardo especial, esta ventana estaba ubicada a pocos metros de distancia
del dormitorio del occiso, y con anterioridad, desde dicho lugar habían atentando contra su vida otros
pacientes, según se señala en el informe del Director del Hospital, en el referido expediente criminal.
De acuerdo con el artículo 38 de la Constitución Política de la República, cualquier persona que sea
lesionado en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las
municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determina la ley, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que hubiere causado el daño y el actual artículo
42 del texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, establece que “Los órganos de la Administración
serán responsables del daño que causen por falta de servicio”.
Entendiéndose que existe esta falta cuando el servicio público ha funcionado mal, en forma prematura
o tardía, o no ha funcionado en absoluto, cabe señalar que, de los hechos precedentemente establecidos,