Universidad de Chile Facultad de Derecho Departamento Derecho ...

concepto, los requisitos y hechos a que se refiere dicho inciso, deberán acreditarse en la reclamación
que se entable o se haya entablado en contra de ellas, petición que deberá efectuarse antes que se dicte
sentencia de término.
Resulta conducente agregar a lo antes consignado que, tal como se dijo anteriormente, los
sentenciadores del fondo dejaron establecido, como un hecho de la causa, que el reclamante no aportó
antecedentes que acrediten tal cumplimiento.
En cuanto a la infracción al artículo 21 del Código Tributario, se trata de una norma reguladora de la
prueba, que estatuye en la totalidad de su texto que cabe siempre al contribuyente la carga de la prueba,
sea en la etapa administrativa del reclamo o en su etapa judicial. El Servicio, en tanto, tiene la
obligación de analizar los antecedentes que aporte el contribuyente, a menos que los declare no
fidedignos. Del análisis que efectúe el Servicio, pueden surgir nuevas impugnaciones o extraerse las
conclusiones que quien efectúa la revisión estime pertinentes. Esto es, el Servicio no tiene la obligación
de extraer de tales antecedentes, las conclusiones que el contribuyente pretenda, en este caso, que las
declaraciones de autos no son maliciosamente falsas.
En efecto, la norma que se enfoca no obliga a los jueces del fondo, quienes son soberanos para apreciar
el valor de las rendidas en el proceso y extraer de ellas las conclusiones que les parezcan adecuadas, ya
que este precepto no establece parámetros para la apreciación de tales antecedentes.
En la causa se advierte que el fallo de primer grado, confirmado por el recurrido, analizó debidamente
los datos aportados por el contribuyente y concluyó del modo como éste reprocha, declarando no
fidedignos los registros presentados.
Finalmente, respecto a la infracción del artículo 1698 del Código Civil, también alegada por el
recurrente, resulta oportuno recordar que su posible infracción en reclamaciones tributarias, ha sido
objeto de reiterado examen por esta Corte y sobre la cual existe abundante jurisprudencia. Así, se ha
concluido que en este tipo de juicios no se puede infringir el artículo 1698 del Código Civil, por no
tener aplicación en la especie. En efecto, esta norma se refiere a la carga de la prueba, pero en materia
de obligaciones, y además cataloga las diversas probanzas de que se puede hacer uso en dicho campo.
El derecho tributario, en cambio, tiene una normativa propia sobre este tema, contenida en general en el
artículo 21 del Código Tributario, que hace recaer la carga de la prueba siempre en el contribuyente.
En armonía con todo lo expuesto y razonado, no habiéndose producido infracción de la normativa
mencionada en el recurso de casación en el fondo, la suerte que éste debe correr debe ser la misma en
la que ha desembocado el recurso de casación formal.
II Corte de Apelaciones: Mediante las liquidaciones referidas, de 29 de julio de 1994, practicadas a la
reclamante, ya antes individualizada, el Departamento de Fiscalización de la Dirección Regional del
Servicio de Impuestos Internos, determinó diferencias de Impuesto al Valor Agregado y diferencias de
Impuesto a la Renta de Primera Categoría, en los períodos tributarios indicados en la parte expositiva,
al utilizar créditos fiscales y costos provenientes de facturas objetadas, emitidas por los proveedores
individualizados en las liquidaciones, las que sirvieron de base para registrar créditos fiscales Impuesto
al Valor Agregado superiores, e incrementar los costos de adquisición deducibles en forma indebida.
1. Liquidaciones por crédito fiscal sustentado en facturas de proveedores irregulares: Como
fundamento legal de los cobros practicados en las referidas liquidaciones, se señala que no se
encuentran justificados los créditos fiscales Impuesto al Valor Agregado provenientes de las
operaciones de que dan cuenta las facturas cuestionadas, toda vez que respecto de las mismas no se ha
probado la efectividad material y la inexistencia de las irregularidades detectadas a los cinco
proveedores objetados, cuya síntesis es la siguiente:
a) Primer proveedor: No presenta antecedentes de domicilio y giro. No registra timbraje de
documentos.
b) Segundo proveedor: El domicilio indicado en la factura no existe. El contribuyente no es ubicado en
el domicilio particular. El proveedor no es declarante. Aparece como subdeclarante.
c) Tercer proveedor: No ha presentado declaraciones en formulario 29 desde febrero de 1988. Se